#Guatemala| Cómo el Estado de Guatemala excluye del sistema sanitario a las personas trans

En 2015, el Gobierno aprobó un protocolo de atención sanitaria para las personas trans. La idea era atender de manera integral sus enfermedades comunes, darles terapia psicológica y de reemplazo hormonal, pero fue solo sobre el papel. No se ha invertido dinero para la formación y concientización del personal médico. Colectivos trans denuncian malos tratos y exclusión en los centros de salud y hospitales. 

Equipo de investigación en Guatemala: Saira Ramos, Morena Joachin y Pilar Salazar/Fotos: Morena Pérez Joachin *

Una crisis de hipertensión, hemorragia gastrointestinal, anemia severa e insuficiencia renal llevaron, el 19 de agosto de 2020, a Melany Rivera, por segunda vez en el año, al hospital Roosevelt, en Ciudad de Guatemala. Los médicos la ingresaron al área de shock, de la emergencia de adultos. Su cuadro clínico era grave, tanto que entró en coma. Al día siguiente, fue trasladada al área de intensivo 1, donde hay capacidad para 14 personas. Vivió sus últimas horas conectada a un aparato que funciona como un pulmón mecánico. Murió el 13 de septiembre, a la una de la tarde. Tenía todas las enfermedades con las que entró al hospital y neumonía. 

Melany hubiera cumplido 31 años el pasado miércoles 27 de enero. Nació en la capital y su profesión era enfermera auxiliar. Morena, de complexión fuerte y robusta. La conocimos a inicios de marzo de 2020, fue amigable. Era creativa, siempre buscaba organizar charlas educativas para sus vecinos y compañeras, tenía cualidades de liderazgo. Era la vicepresidenta del colectivo Trébol, una asociación de mujeres trans trabajadoras sexuales, que se mantienen en el área del Trébol, un lugar con mucha bulla y personas que se dedican a actividades ilícitas. También fundó un grupo de alcohólicas anónimas para mujeres trans, dice Jeaneth Contreras, actual presidenta del colectivo. 

Con ella Melany hizo una de sus últimas llamadas. Contreras es la principal testiga de lo que su compañera padeció durante los 25 días que estuvo ingresada. Asegura que el personal sanitario no respetó su identidad de género. La trataron como hombre. Ella cree que la principal causa de su muerte fue el contagio de coronavirus, agravado por sus padecimientos. 

Marco Antonio Barrientos, director del hospital Roosevelt niega el contagio. Dice que sólo el intensivo 2 es para pacientes con Covid-19. En una entrevista por teléfono, el ginecólogo asegura que en el hospital hay encamamientos para mujeres y hombres, pero que si una persona trans necesita ser internada, el centro dispone de habitaciones donde se le puede ingresar. 

El jefe del Roosevelt admite que Melany nunca llegó al lugar que le correspondía: “Ella nunca estuvo en encamamiento normal. Melany, como tú le dices, vino en una situación crítica y cuando ingresó, fue registrada como Carlos González” —su nombre asignado al nacer—.

El ginecólogo se justifica en que el documento de identificación de Melany decía: sexo masculino. “Nosotros tratamos —de implementar la estrategia— pero ante la gravedad, nuestra obligación es salvaguardar la vida. Nuestra sugerencia es que acudan lo antes posible al registro civil (Renap) para hacer el cambio de identidad y así su documento de identificación será como tal, para que nosotros los podamos identificar”. Lo que ignora el doctor es que en Guatemala una persona trans se puede cambiar el nombre, pero no el género en el registro del que habla. 

La transfobia que Jeaneth denuncia—discriminación a las personas trans— en el sistema sanitario de Guatemala tendría un por qué. En 2015, el Ministerio de Salud aprobó una medida histórica: la primera Estrategia de Atención Integral y Diferenciada en Salud para las personas trans. Una política pública dirigida por la Unidad de Género del ministerio, cuya responsabilidad era enseñar al personal sanitario a reconocer y respetar la identidad de género trans. 

La política pública fue distribuida en el sistema de salud pero el personal médico no ha sido capacitado para aplicar el documento y entender el contexto de estigma y discriminación hacia las personas trans. Aunque la estrategia explica el contexto de la población trans, no incluye los protocolos, lineamientos ni capacitación para el personal sanitario. Ese era el siguiente paso pero no sucedió. La estrategia nunca fue ejecutada.

Jeaneth Contreras mostrando el documento de indetificacion personal

Jeaneth está sentada enfrente de una mesa redonda, la mesa está cubierta por un mantel blanco. Ella golpea un lapicero sobre la mesa. Está molesta. Detrás cuelga la bandera de cinco franjas horizontales, dos de color celeste, dos de color rosado y una blanca en el centro, que representa a la comunidad trans en todo el mundo. Entre el 17 de agosto y el 13 de septiembre Jeaneth no se quedó quieta. Habló con la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y con organizaciones de sociedad civil. La respuesta fue unánime: no podían llegar al hospital por el riesgo de contagio por Covid-19. 

Casi 5,000 trans discriminadas

En el país, hasta 2015, había unas 4,840 mujeres trans. Guatemala era el departamento que tenía más concentración. El 35% se dedicaba al trabajo sexual, el 30% realizaba actividades de belleza y arte, el 42% eran empleadas o tenían un negocio propio y el 7% no trabajaba. La mayoría, 61%, dijo tener ingresos menores al salario mínimo (3,075 quetzales), según el último informe elaborado por Hivos, una organización de cooperación internacional.

El ministerio tardó cinco años más en diseñar una estrategia de comunicación para sensibilizar a los profesionales del sector, pero aún no se aplica. Un objetivo difícil cuando el gobierno no ha dedicado un presupuesto al modelo. El personal sanitario sigue sin estar preparado para responder a las necesidades básicas de la comunidad trans como: terapia de reemplazo hormonal, enfermedades crónicas, ginecología, mamografías e infecciones producidas por inyectarse aceites minerales y siliconas en cualquier parte del cuerpo, porque el ministerio no realiza operaciones de transición de género

Jannet doblando la bandera representativaLGTBQ

Jeaneth se acomoda en una silla de madera, se toca el cabello y frunce el ceño. Asegura que el sistema de salud desatendió a Melany. Si la estrategia estuviera funcionando, dice, su compañera hubiera asistido a sus consultas médicas sin temor a ser discriminada y antes de que su salud empeorara. Indica que documentó el caso, lo hizo ante una falta de registros que son responsabilidad del Estado. 

En 2009, la organización Otrans Reinas de la Noche empezó a trabajar la política pública sanitaria para las personas trans a partir de la necesidad de atenderlas de manera integral, no solamente por infecciones de transmisión sexual, pruebas de VIH y entrega de condones, sino también por problemas de drogas y enfermedad común. Fue el preludio de la actual estrategia, un esfuerzo de sociedad civil y cooperación internacional al ver que al Estado no le interesaba la salud de esta población.

En 2015, Mariano Rayo —quien fue diputado antes por el partido Unionista, de derecha conservadora—, era ministro de Salud con el gobierno de transición posterior a la crisis de gobierno del ex presidente preso Otto Pérez. Él fue quien aprobó la estrategia de salud integral, que llevaba cuatro años en el cajón, recuerda en 2020. 

Desde su casa, sentado en una silla ejecutiva, Rayo gesticula mucho para expresarse. Dice que se convenció porque leyó y escuchó casos de estigma y discriminación en la red pública. Rayo firmó la autorización y socialización de la estrategia después de que Astrid Grissel López, quien era jefa de la Unidad de Género, le explicó su contenido. Lo hizo en una hora, semanas después de que el economista asumió el cargo como ministro. En este punto, la estrategia de salud había pasado por dos gobiernos distintos sin suerte. Rayo toma sorbos de su café. Rechaza que la estrategia no funcione por transfobia. Hay “otras necesidades diarias”, dice. 

El diablo acosó a Jeaneth 

Jeaneth tiene 55 años. Es una de las pioneras del movimiento trans en Guatemala. Le gusta pintarse los labios de rojo, usar collares largos y espolvorearse el rostro. Nació en Santa Rosa, en el suroriente del país. Con su familia emigró a El Gallito, uno de los barrios más violentos de la capital, en la zona 3, muy cerca del Cementerio General. De niña, su padre y uno de sus hermanos querían “corregir” su comportamiento femenino. Un maestro la violó cuando tenía ocho años. 

En un mensaje de voz nos relata la última amenaza de muerte. Ocurrió el 16 de enero de 2021, cuando un hombre que trabaja como guardia de seguridad de los hoteles de El Trébol sacó un arma y le apuntó en la cabeza. Le dijo que la mataría si las treinta integrantes del colectivo no pagaban 15 quetzales diarios por su seguridad. La situación impactó en su salud, padece de diabetes e hipertensión. También afectó sus ingresos ya que disminuyeron porque no ha ido a trabajar y ha tenido que vender algunos de sus bienes para comprar sus medicamentos y sobrevivir. Ella teme ser asesinada, no quiere dejar sola a su hija, a sus nietos y a sus sobrinos. 

El Trébol está situado en la intersección de la avenida Bolívar y el bulevar Liberación, dos importantes vías de la ciudad. Es el sector donde permanecen y ejercen el trabajo sexual las mujeres trans del colectivo que han sido excluídas históricamente de las oportunidades laborales. Durante el día, en el lugar funciona el mercado El Guarda, una estación de buses con dirección al occidente del país, un estadio de fútbol, algunos hoteles, bares y cantinas. En la noche, se escuchan las sirenas de las patrullas policiales y de las ambulancias. A un kilómetro está el Hospital Roosevelt, donde murió Melany. 

En una casa de huéspedes, las integrantes del colectivo Trébol alquilan un espacio cada vez que se reúnen, la tarifa es de 100 quetzales. Es jueves 5 de noviembre, tres de la tarde. Tienen que elegir a la junta directiva. Jeaneth hace una pausa, pide la atención de sus compañeras. Recuerda que en 2010 se organizaron por primera vez. Buscaban protegerse de las amenazas y extorsiones, de las que son nuevamente víctimas. Los aplausos suenan en el salón, es por la nueva directiva integrada por cinco de ellas. Preparan café para repartir entre todas. Hacen lectura de los acuerdos y argumentos que quieren tratar para darle seguimiento a sus derechos. Seguido de eso, participan en voz alta haciendo lectura bíblica sobre la prevención de adicciones al alcohol. Algunas se ríen, y otras conversan en voz alta sobre sus experiencias de vida.

@wmorena

Jeaneth está en un sofá marrón, en la sala, con el sol del atardecer sobre su rostro. Habla sobre su experiencia en el Hospital General, en donde le practicaron tres cirugías para extraer los aceites minerales que le causaban infección en los senos. La última fue en 2016. Recuerda que un médico le dijo que “el diablo la había acosado” y eso la había llevado a inyectarse esas sustancias. Mientras que una enfermera le aseguró que eso le pasó por “meterse cosas que son para mujeres”. En la cabecera de la cama estaba puesto su nombre asignado al nacer. Le decían “don Roberto”. Ella les corregía en balde. 

Siente que quienes le hicieron la cirugía la castigaron por no estar de acuerdo con su trabajo sexual e identidad de género. Lo dice porque le dejaron grandes cicatrices que hacen imposible encontrar lo que quedó de sus senos. No puede probarlo.

La noche del 18 de enero de 2021, dos días después de la amenaza de muerte, Jeaneth envía un nuevo mensaje de voz y cuenta que hace un mes dio positivo a Covid-19. Su recuperación ha sido un proceso lento, aún tiene secuelas de los efectos físicos de la enfermedad. No quiere ir al hospital. Tiene miedo de que le ocurra una situación similar a la de Melany. Ella prefiere morirse en su casa.

La mujer que le daba asco a la doctora

El ruido llega de los numerosos talleres de mecánica y de carpintería. Rodean la clínica a la que acude la mayoría de personas trans que necesitan ir al médico en el sistema público, como casi todas las mujeres del colectivo Trébol.

El área especializada en infecciones de transmisión sexual (ITS) está a la par del centro de salud de la zona 3. Es donde van las mujeres trans porque la mayoría que visitan el área son trabajadoras sexuales. Por costumbre el sistema sanitario ha asumido que van a ese lugar por ITS y VIH positivo generalmente. En teoría, deberían acudir a cualquier centro por cualquier otra enfermedad, pero no es así. Queda a un costado del Cementerio General, donde está enterrada Melany. 

En 2011, los doctores del área especializada en ITS iniciaron un acercamiento con las mujeres trans para entender sus necesidades de salud, querían aprender sobre su contexto. Jeannette Gutiérrez de Ochomogo, actual directora, médica de profesión habla desde su casa vía Zoom. 

Cuenta que Debby Maya Linares —una de las fundadoras del movimiento trans en Guatemala—, lideró las reuniones con el personal sanitario. El resultado fue la instalación de la mesa técnica que actualmente lidera la Unidad de Género y donde surgió la necesidad de crear la actual estrategia de salud.

Gutiérrez de Ochomogo es empática y muestra voluntad de servicio para trabajar a favor de la comunidad trans. Ve necesario que todo el personal sea permanente en el centro especializado, ya que cuando hay una remoción o traslado es difícil que el personal nuevo llegue capacitado y sensibilizado. “Hay mucha gente que no se queda trabajando, se van porque no se sienten cómodas con la población trans”, admite la médica mientras hace una pausa para suspirar. 

Se acomoda los lentes y cuenta que está en resguardo, un concepto utilizado en el sistema de salud que permite a quienes tienen enfermedades crónicas trabajar desde su casa y evitar el contagio por Covid-19. Recuerda que antes de la pandemia, por iniciativa de la dirección, estaban capacitando a las y los practicantes de medicina de la universidad estatal. “Para que tengan conocimiento del trato a la población trans, algo que no nos enseñaron en nuestra época”, dice.

También indica que a las pacientes se les asigna un número, con el cual son atendidas en las clínicas. Con esto, evita que el personal médico y administrativo las llame con un nombre que no es acorde a su identidad de género. Aún así, Jeaneth Contreras dice que el personal administrativo del área en ITS discrimina: llaman a las mujeres trans con el nombre que les asignaron al nacer y retrasan el ingreso de sus expedientes a la consulta externa. Mientras llena un vaso de agua y toma el medicamento para la presión, cuenta que lo pudo comprar por una colecta. Desde hace más de dos décadas, va al área especializada. 

Recuerda cuando hace 15 años defendió a una de sus compañeras del colectivo Trébol que había llegado a control de rutina de VIH. “La dejaron de último. Primero atendieron a las mujeres que según su apariencia física, nacieron con órganos sexuales femeninos, lo que ellos entendían que son mujeres, entonces yo entré a la clínica y le pregunté a la doctora Delia Cuellar: ¿Por qué no la quiere atender? Me dijo que le daba asco y porque siempre llegaba sucia” lo que por sus actitudes sería transfobia.

Tras la queja, se inició un procedimiento administrativo contra Cuellar, el cual terminó con su traslado a otra área de salud. Su falta no fue suficientemente grave como para ser despedida. 

“Estamos creando un nuevo bloque de personas sin estigma y discriminación. Le hemos dicho a la población trans que nos tenga paciencia porque la gente nueva ha trabajado en enfermedad común, no con personas trans”, dijo la directora del área especializada en ITS. 

Una crema para la ITS de Alondra

Miércoles, 11 de noviembre, casi las cuatro de la tarde. Alondra Castellanos y otras cinco integrantes del colectivo Trébol quieren aprovechar los últimos rayos del sol para hacerse una sesión de fotos, la que acompaña este reportaje, en los diferentes ambientes de la casa que alquilan para hacer sus reuniones. 

Alondra, de piel morena y complexión delgada, es una mujer trans e indígena tz’utujil del departamento de Sololá, en el altiplano guatemalteco. Mientras se peina, dice que tiene 18 años y que hace dos llegó a la capital donde vive con su mamá, con quien se mudó. Entre risas nerviosas y suspiros, comenta que encontró consejos y apoyo en el colectivo. Sueña con viajar a México. Quiere operarse y alcanzar un aspecto físico acorde a su identidad de género. 

Siendo una persona menor de edad, Alondra fue al centro especializado, de la zona 3. Le diagnosticaron una ITS. Lloró mucho. La doctora que la atendió le dijo que se “olvidara de lo que pasó, que guardara reposo y que se aplicara cremas y tratamiento médico para las heridas”. Esa fue la primera y última vez que recurrió al sistema de salud pública. El sistema no respondió a Alondra entonces. Tampoco años después a Melany Rivera, según Jeaneth Contreras. 

No hay fondos, ni rutas, ni respuestas claras de las autoridades para tratar a las casi cinco mil mujeres trans de Guatemala. Está el silencio de Alejandra Estrada, jefa actual de la Unidad de Género, que se negó a hablar del proyecto a pesar de ser su responsabilidad. Ella no quiso informar sobre los avances de la estrategia y lo delegó al departamento de comunicación, quienes nos contactaron con el Programa Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y VIH/Sida. 

Está la duda de Juan Carlos Fonseca, director del programa, que admite que no tiene muy claro por qué él se encarga de hablar de la estrategia. Pero hace su intento de dar respuesta: desde 2019 trabaja en el documento para enseñar al personal sanitario a tratar a las personas trans. La directora del centro especializado en ITS, Gutiérrez de Ochomogo, también desconoce por qué el programa tiene esa atribución.

Al consultar al ministerio: ¿por qué el Programa Nacional lidera el proceso de implementación del documento para enseñar al personal sanitario a tratar a las personas trans?, la unidad de información pública respondió que dicho programa no lidera el proceso. La responsabilidad es de toda la red pública.

Una responsabilidad, parece, que no acaba de ser asumida por el Estado con la salud de las personas trans

Jannet Contreras mostrando el documento de indetificacion personal
Jeaneth y las demás integrantes de la Junta directiva El Trébol

El 25 de noviembre, el colectivo Trébol participó en la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Alondra estuvo en la marcha. En ningún momento se apartó de Jeaneth. La ve como una guía, la voz del colectivo, como una lideresa. Ese día, Alondra se vistió diferente con pantalón, una playera y una gorra. Tenía que buscar trabajo. 

En un cartel rosado, adornado con flores, pegaron la fotografía de Melany. Era casi el mediodía, cuando frente al Palacio de Gobierno gritaron en una sola voz: ¡Justicia! La muerte de quien fue la vicepresidenta del colectivo Trébol no fue denunciada porque no hay confianza en el sistema de justicia. 

Melany fue inhumada en el cementerio General. El 14 de septiembre, a las once de la mañana, en el nicho 14,809. Por las restricciones de la pandemia, ninguna de sus compañeras del colectivo pudo asistir. 

En la lápida de Melany Rivera se lee “Carlos González”, el nombre que le asignaron al nacer y al morir.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso

#Guatemala| Guatemala 2020: Pandemia, subregistro de violencias y redes LGBT+Guatemala 2020: Pandemia, subregistro de violencias y redes LGBT+

Guatemala sigue siendo uno de los países del triángulo norte más afectados por los crímenes de odio, la crisis provocada por la pandemia de Covid-19 y las tormentas Eta y Iota. 

Pocos datos y sin registros para personas trans

Como muchos países de la región, Guatemala parte de la base de un subregistro en términos de violencias, ya sean crímenes de odio o denuncias por hechos violentos y discriminatorios. 

  • En este 2020 se han registrado desde el Observatorio por Muertes Violentas de la Red Nacional de la Diversidad al menos 19 crímenes de odio. Las víctimas fueron seis mujeres trans, un hombre trans, 11 hombres gais y uno bisexual. Trece de estos crímenes se perpetraron durante la contingencia de la pandemia por Covid-19. Y se registró tambien al menos un intento de transfeminicidio.
  • Según los registros de la Policía Nacional Civil, el año pasado hubo cinco denuncias por hechos de violencia a personas LGBT+ que este año 2020 aumentaron. 
  • En 2020 se registraon diez denuncias por violencias contra hombres gais y cuatro contra lesbianas, y aunque hay un claro aumento de éstas, siguen siendo pocas y no existe registro de otras poblaciones como la de personas trans. El departamento de Izabal (a 239 kms de la ciudad capital) es el de mayor reincidencia: sólo allí se perpetraron 6 crímenes de odio. Mientras la Comisaría 61 que atiende ese sector tiene registradas solamente dos denuncias por agresiones físicas a hombres gais, según el sistema estadístico del Departamento de Atención a la Víctima de la Policía Nacional Civil (DAV).
  • En tanto la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos registró 30 denuncias este año por violación de derechos humanos de población LGBTIQ+, según informó a Presentes, muy cerca del doble que el año pasado, cuando registraron 17 denuncias. 

Desde el estallido del 21 de noviembre hasta ahora, los movimientos sociales, feminismos y LGBT llevan sus reclamos a las calles.

Covid  y diversidad sexual

En Guatemala es difícil obtener datos estadísticos sobre violencia a población LGBTIQ+ durante la pandemia por Covid-19 porque el Estado no tiene registros segregados. Algunas organizaciones como la Red Nacional de la Diversidad a través de su observatorio y la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans han asumido esa responsabilidad, contabilizando los crímenes de odio ocurridos durante la contingencia y dando cuenta de los múltiples vejámenes a mujeres trans en Latinoamérica.

La situación de violencia hacia personas trans durante la pandemia se ha agravado pero también se ha visibilizado la exclusión social que viven las personas trans en Latinoamérica. Así lo narra el informe “Las vidas trans en tiempos de pandemia” de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas Trans. La cuarentena, los toques de queda, la emergencia sanitaria, la prohibición de circulación y la falta de políticas públicas con enfoque de derechos son las situaciones que agudizaron las violencias en su contexto de vida. 

A lo largo de 2020, no se registran medidas tomadas por el gobierno de Guatemala para la atención de las personas con VIH

Se evidencian agravios sobre las poblaciones vulneradas, como las mujeres trans trabajadoras sexuales, que ante la falta de oportunidades laborales no cuentan con recursos o medios para abastecerse e incluso se encuentran en situación de calle, dice el informe. 

La Defensoría de la Diversidad Sexual por medio de Henry España dio a conocer a este medio que al inicio de la pandemia la Policía Nacional Civil acosó y amenazó a trabajadoras sexuales de la ciudad de Guatemala, advirtiéndoles que no podían salir a ejercer trabajo sexual o las llevarían a prisión.

Las redes solidarias del activismo 

Aunque el 2020 golpeó fuerte a la comunidad LGBT+ en Guatemala, hubo fuerte incidencia y acciones de solidaridad de parte de organizaciones de sociedad civil. Es el caso, entre otros, de la Red Multicultural de Mujeres Trans (Redmmutrans) que el 5 de octubre abrió las puertas del Comedor Comunitario LGBTIQ+ Jackelin Sánchez para atender a la comunidad afectada por la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19 y también para quienes estaban en situación de calle. 

Hubo varias recaudaciones de víveres y de ropa de parte de las organizaciones, a raíz de la pandemia pero también por las tormentas que azotaron al país.

El comedor gestionado por mujeres trans

Bárbara Herrarte es activista de Redmmuntrans y monitora de la entrega de los almuerzos en el comedor. Cuenta que la necesidad surgió de ver a compañeras “deambulando por la calles. El nombre del comedor es un homenaje póstumo a la activista Jackelin Sánchez quien lideraba un grupo de apoyo llamado “Lazos de amistad” que incluía a personas LGBT+ y VIH+.

Bárbara en el comedor Jackelin Sánchez.

El comedor servía a 105 personas a la semana y hasta su cierre, el 14 de diciembre, sirvió mil almuerzos. La organización Redmmutrans espera conseguir apoyo para que el comedor pueda seguir funcionando el próximo año.

Sin políticas públicas sanitarias para personas trans 

El año 2020 cierra sin que la “Estrategia de Salud Diferenciada para Personas Trans” que busca implementar políticas sanitarias acorde a las necesidades de las personas trans de manera integral en el sistema de salud público sea operativa. Aprobada en el 2015 por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con el apoyo y asesoría de organizaciones de sociedad civil, ni el documento que instruye al personal sanitario ni el que norma las políticas públicas han sido aprobados por las autoridades de ese ministerio. 

Luego de una supervisión, Henry España, de la Defensoría de la Diversidad Sexual de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos, recomendó al ministerio de salud que se agilizaran estos documentos a fin de dar atención integral a las personas trans en el sistema sanitario público.

Pendientes: Ley Trans y sanción de crímenes de odio

La organización Otrans Reinas de la Noche con el apoyo de otras organizaciones de sociedad civil tenía contemplado presentar nuevamente al pleno del Congreso por medio del diputado Aldo Dávila una propuesta de “Ley para la reivindicación y dignificación de las personas trans que reconozca la identidad de género de las personas trans dentro del marco jurídico y social en Guatemala. Pero la pandemia fue unos de los principales obstáculos para concretar la acción. Las organizaciones  buscarán el apoyo necesario para presentarla nuevamente al Congreso de la República en 2021. 

Otro gran pendiente es la prevención y sanción de crímenes de odio. En 2019 la ex diputada Sandra Morán, la primera en el país en expresar abierta y públicamente su orientación sexual como lesbiana, presentó la iniciativa 5674 para prevenir y sancionar crímenes por prejuicios. Esta fue la segunda vez que se propuso (la primera fue en 2018) y fue rechazada por la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso de la República. En 2020 no se pudo avanzar en el tema.

Con el apoyo del diputado Aldo Dávila y la Red Nacional de la Diversidad, Asociación Gente Positiva, Aids Healthcare Foundation (AHF) y la Coalición Internacional de Preparación para el Tratamiento (ITPC LATCA) presentó a un grupo de parlamentarios la iniciativa para el “levantamiento de patentes”, informó a este medio Carlos Romero desde la Red Nacional de la Diversidad. La propuesta busca quitar la patente a medicamentos antiretrovirales para personas que viven con VIH y a otros medicamentos para enfermedades crónicas (diabetes, cáncer, renales) con el propósito de que sean menos costosos para evitar el desabastecimiento que se ha generado en algún momento en el sistema de salud debido a los altos precios. Dicha iniciativa será presentada por el diputado Aldo Dávila en el Congreso en 2021.

Amenaza latente: “Protección de la vida y la familia” 

Sacrificar el derecho de decidir de las niñas, mujeres y censurar a la comunidad LGTBIQ+ es el propósito de esta iniciativa de ley que está esperando su tercera lectura y aprobación en el Congreso de la República. Fue promovida por la iglesia católica, la iglesia evangélica, diputados conservadores y grupos anti derechos desde el 2017. Busca prohibir la educación sexual, la información sobre la diversidad sexual e identidad de género, y el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Establece penas de cárcel para mujeres que aborten, intencional o accidentalmente. Mientras no sea archivada por los parlamentarios, las organizaciones de derechos humanos y de la diversidad sexual la consideran un peligro para los derechos, y va en contra de los principales marcos y acuerdos globales firmados y ratificados por Guatemala.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Guatemala| Los feminismos y la diversidad sexual quieren cambiarlo todo en Guatemala

El estallido social del pasado 21 de noviembre en Guatemala se dio después de años de descontento social. Este año esto se vio agravado por el mal manejo por parte del gobierno de la emergencia por la Pandemia de Covid-19 y las tormentas Eta y Iota -que han dejado 275 mil afectados y 155 muertos según la Coordinadora Nacional para la reducción de Desastres (Conred)-  sin un plan para ayudar a las áreas afectadas del interior del país. Pero la gota que rebalsó el vaso fue la aprobación de un presupuesto estatal que refleja un endeudamiento de millones de quetzales para financiar el gasto público en 2021 y que redujo el presupuesto a Salud Pública, La Procuraduría de Derechos Humanos y a programas para combatir la desnutrición crónica en el país.

Por medio de redes sociales se han autoconvocado movimientos feministas, estudiantes universitarios, pueblos originarios, organizaciones de sociedad civil y comunidad LGBTIQ+.  Las protestas iniciaron el 21 de noviembre y la Policía Nacional Civil tomó acciones violentas contra la población que se manifestaba y a periodistas que daban cobertura. Durante la jornada de manifestaciones detuvieron a 35 personas y hombres policías oprimieron a mujeres, golpeándolas y arrastrándolas por el suelo si se resistían al arresto.

¡Feministas a las calles!

Las colectivas de jóvenes feministas con al menos 40 integrantes se han manifestado desde el 21 de noviembre que iniciaron las protestas. El sábado 5 de diciembre iniciaron un recorrido desde el Ministerio de Gobernación hacía la Plaza de las Niñas frente al Palacio de Gobierno e hicieron el performance “Un violador en tu camino” de la colectiva Las Tesis con algunas modificaciones a la letra acorde al contexto, como una forma de repudio al gobierno actual y la manera en que está manejando la crisis sanitaria por la pandemia Covid-19, la emergencia de las tormentas Eta y Iota, la represión que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil han estado ejerciendo hacia las mujeres y un presupuesto que no contempla la violencia de género.

“Estamos acá para exigir la renuncia del presidente, vicepresidente y ministro de Gobernación, y que se haga una Asamblea Constituyente Antipatriarcal”.

Una de las participantes del bloque de “Jóvenas Feministas” -quien prefirió el anonimato- dijo a Presentes que ya llevan algunos años organizándose en Guatemala y apoyando las protestas: “Manifestación tras manifestación hemos venido y hemos ocupado las plazas no desde ahora sino desde siempre. Una de las exigencias es que estamos en contra de estos trucos que están haciendo para el presupuesto, que le baja a educación, a salud, la atención a salud sexual y reproductiva no esta priorizada. Nos indignamos por el presupuesto pero también porque hace sábados en las manifestaciones la brutalidad de la policía hacía las mujeres fue evidente, arrastraban a las jóvenas por el suelo, las golpeaban. Hombres policías agarraron a compañeras mujeres y las llevaron a Torre de Tribunales (Palacio de Justicia) ahí se comprobó que fueron libres por falta de mérito, esto comprueba que el Estado es un macho violador de nuestros derechos, opresor. Estamos peleando por un presupuesto, pero también por todas aquellas mujeres que han sido asesinadas que no “aparecen muertas” como dicen los medios.”

Ángel Antonio Medina tenía 29 años y era activista de Diversidad Jalapaneca. Fue asesinado en San Pedro Pinula.

Fragmento de “Un violador en tu camino” modificado:

“…El robo al pueblo, brutalidad policial, en la desaparición el silencio en los medios, la policía, Gendri Reyes (Ministro de Gobernación) , los diputados, el presidente.

Lucha tranquila compañera, sin preocuparte de antimotines, grite fuerte, rompelo todo que entre nosotras nos cuidaremos.

¡El violador eres tu!

¡Nos vieron la cara nuevamente!

María Dolores Marroquín de la Asociación Feminista La Cuerda, dijo que no solamente es el presupuesto sino que hay mucha indignación frente al descaro, cinismo y desfachatez de las autoridades que confirman que nuevamente que “nos vieron la cara”. La población más explotada y  oprimida ha estado denunciando permanentemente el nivel de empobrecimiento y crisis económica, humana, que incluso se pudo ver en las tormentas que estuvieron y que profundizan más las desigualdades, comenta.

Movimento estudiantil “El problema no era solo el presupuesto sino el sistema excluyente, racista, patriarcal en el cual hemos estado sometidos durante mas de 500 años”

Testimonios de adultxs mayores LGBT+ y los desafíos de sobrevivir a la pandemia.

Mientras Nahomi del Movimiento Universitario, conformado por la universidad pública (Usac) y las de orden privado del país, dijo que el movimiento se plantea para pedir la renuncia del binomio presidencial y una Asamblea Constituyente Plurinacional Popular Antipatriarcal porque considera necesario posicionar a las mujeres dentro de este marco que históricamente han sido violentadas por este sistema que oprime y mata. También señala que Guatemala es el país con la mayor tasa de desnutrición en América Latina.

“A las personas de la diversidad sexual también nos duele el nulo acceso a la educación, trabajo y salud, por eso también tenemos derecho a manifestarnos”

El diputado Aldo Dávila quien se hizo presente en las manifestaciones del sábado 5 de diciembre, dijo a Presentes la importancia de que la diversidad sexual esté presente en las manifestaciones y la importancia de articular con la ciudadanía y que así se pueden hacer cambios efectivos y reales. Manifestó que aunque han habido avances es grave que las comunidades de la diversidad sexual no estén en ningún programa social de gobierno. Además expone que se redujo el presupuesto de VIH para cubrir la emergencia de la pandemia por Covid-19 y que se encuentra verificando que sea devuelto a donde corresponde.

Pablo Vidaurre del colectivo Prolapso parte de la “Discordia Travesti”, cuenta que es importante que como personas de la comunidad hagamos escuchar nuestra voz, no solamente en estos actos corruptos sino que en general. “Así como exigimos nuestros derechos quisiéramos que todas las personas los tuvieran. Queremos renuncias, queremos justicia y paz. Queremos todo lo que sea bueno para la comunidad y para todos.”


Fundar un nuevo Estado

Carmen Reina del colectivo “Otra Guatemala Ya” y otros como “La Batucada del Pueblo” y “Gente Positiva” dijo a este medio que están planteando que no era solamente el tema de derrocar el presupuesto espurio sino que ya este gobierno topó y el pueblo le está exigiendo al binomio presidencial su renuncia. Reina habló de fundar un nuevo Estado y hacer una Asamblea Constituyente para que sea social, popular, plurinacional e incluyente en el marco de la Constitución del país.

Estudiantes, trabajadores, feminismos y una fuerte participación de la comunidad LGBT+ se movilizan para rechazar lo que consideran un golpe de Estado.

El incendio del Congreso de la República

Las protestas del pasado 21 de noviembre se concentraron en dos grupos: quienes estaban manifestándose en la Plaza de las Niñas frente a Palacio de Gobierno acompañados de niños y adultos mayores, mientras que a unos metros, el Congreso de la República empezaba a incendiarse a causa del otro grupo de manifestantes que gritaban consignas y que algunos consideran fueron infiltrados enviados por el gobierno. María Dolores de la colectiva la Cuerda dijo que no es posible confirmar que haya habido infiltrados pero que eso no deslegitima las acciones de un pueblo que está enojado y cansado de tanta corrupción.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Guatemala| Tres policías a juicio por el transfemicidio de Camila Díaz

El tribunal 5to. de instrucción de El Salvador decretó el miércoles 11 de marzo enviar a juicio a tres policías acusados del homicidio agravado de Camila Díaz, una persona trans, en enero de 2019. Camila había sido deportada desde Estados Unidos después que le negaran el asilo humanitario, y amenazada a muerte en reiteradas veces por las violentas pandillas que operan en Centroamérica.

El juez de Instrucción de San Salvador, Sidney Blanco, consideró que existen abundantes pruebas que incriminan a los tres agentes en la muerte de Camila Díaz Córdova, una trabajadora sexual de 29 años. De ser encontrados culpables, se les aplicarán obtener penas de entre 20 y 30 años de prisión.

Sin agravante por crimen de odio

El caso inicialmente contemplaba tres delitos: privación de libertad, homicidio agravado con el perjuicio de haber sido motivado por el odio a la identidad, orientación y expresión de género. Pero solo quedó firme uno. “Ya el juez emitió la resolución en contra de los tres imputados y les ordenó continuar en la detención provisional que se encuentran y pasar a juicio, pero únicamente por el delito de homicidio agravado”, dijo a Presentes una persona de prensa de los tribunales.

“En cuanto al delito de privación de libertad, de acuerdo a todas las evidencias presentadas no se pudo establecer que ese delito porque cuando llegaron los agentes y arrestaron Camila, ellos estaban cumpliendo su deber como policías y la ley dice que cuando alguien esta haciendo desordenes públicos la policía tiene todo el deber de llevárselo, por ese delito quedaron sobreseídos”, dijo la empleada del tribunal a Presentes.

De acuerdo con la fiscalía, la madrugada del 31 de enero de 2019, los policías implicados llegaron para atender una emergencia en una calle al norte de la capital, en la que tenían un reporte que Díaz estaba realizando disturbios en la vía pública, por lo que fue arrestada y llevada en una patrulla.

“El agravante de crimen por odio no se tomó en cuenta porque no se estableció, solo el agravante por superioridad porque eran agentes policiales”, afirmó la empleada.

Durante el trayecto, se sospecha a partir de las evidencias que la mujer trans fue golpeada por los agentes y luego lanzada a una carretera, donde fue rescatada con vida horas más tarde por una ambulancia. Camila Díaz Córdova murió en un hospital el 3 de febrero de 2019.

“Es lamentable, creo que podía ser el primer caso que llegara a juicio con ese agravante de crimen por odio. Lamentablemente en El Salvador los crímenes hacia las LGBTI y en específico hacia la población trans ningún caso había alcanzado la vista pública o sentencia”, dijo a Presentes Virginia Flores, amiga de Camila.

Desde 1992 hasta la fecha, en El Salvador han sido asesinadas más de 600 mujeres trans.

“Voy a esperar a ver qué pasa en la etapa de sentencia si son condenados o no. Le pediría al juez que no es justo que ellos queden en libertad, existen pruebas y seria injusto que quedaran en libertad burlándose de la justicia y quizá cometiendo lo mismos crímenes con otras personas”.

Camila Díaz Córdova había huido y solicitado asilo en Estados Unidos en 2017 por constantes amenazas de pandillas, sin embargo, su petición de asilo fue rechazada por las autoridades y fue deportada al país centroamericano ese mismo año.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso

#Guatemala| Transfemicidio en Guatemala: a Wicha la raparon y mutilaron

Luisa Sandoval Lemus era una chica trans de 24 años, vivía en la aldea Entre Ríos, en el departamento de Izabal en el municipio de Puerto Barrios a 287 kilómetros de la ciudad de Guatemala. Había desaparecido el jueves 27 de febrero. Vecinos la encontraron muerta el 2 de marzo. Su cuerpo tenía señales de tortura y mutilación de genitales, según contó a Presentes Brandy, promotora de salud que la visitaba periódicamente para ofrecerle servicios médicos y orientación en educación integral en sexualidad (EIS).

«Wicha era una persona humilde y tranquila. Era de escasos recursos y no tenía otra opción que trabajar en un bar cerca de la localidad», dijo Brandy a Presentes.

«Desde PDH estamos al tanto y le daremos seguimiento a la investigación en estas semanas «, dijo a Presentes Henry España, defensor de la diversidad sexual de la Oficina del Procurador de Derechos Humanos.

Por su parte, la organización Otrans Reinas de la Noches se pronunció en sus redes sociales por el crimen de odio:

 “Las Reinas de la Noche repudian el vil asesinato de Luisa «Love» Sandoval Lemus. Nuestra «Wicha», integrante de la Colectiva Trans de Izabal, desapareció el jueves 27 de febrero de 2020 y fue hallada cinco días después, el pasado martes 02 de marzo, en condiciones deplorables y con señales de salvajismo sobre su cuerpo.”

“Enviamos nuestras condolencias a sus amigas, conocidos y familiares y exigimos a las autoridades, justicia pronta para Wicha y todas las mujeres trans asesinadas.» #NosDuele #DescansaEnPaz

Fuente: Agencia Presente, Diario El Diverso