#Chile| Activistas exigen Justicia por el lesbicidio de Nicole Saavedra y terminan enjuiciadas

La Justicia chilena procesará a cinco mujeres que en junio de 2019 tomaron la Fiscalía de Quillota para exigir celeridad y respuestas en la investigación por el asesinato de la joven lesbiana Nicole Saavedra. Lo hicieron como medida de presión, a tres años de un crimen que hasta ese momento seguía impune y con nulos avances. María Bahamondes, prima de Nicole, es una de las imputadas por esta toma. El jueves 14 de enero estaba prevista la primera audiencia del juicio que las tiene como acusadas.

Pero el mismo 14 de enero, poco antes del inicio, la audiencia para juzgar a las cinco mujeres que habían tomado la Fiscalía de Quillota se suspendió.
La justicia propuso retomar el 23 de febrero con la finalidad de revisar una salida alternativa entre fiscalía y la defensa.

Cuatro años sin Nicole: un poco más cerca de conseguir Justicia por la joven lesbiana

A cuatro años del crimen de Nicole Saavedra, por primera vez la familia de la joven lesbiana chilena llega a esta fecha con la sensación de que la Justicia está un poco más cerca.

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A juicio oral

Desde el principio, María Bahamondes se encargó de las diligencias legales y de hablar con la prensa y con las autoridades para visibilizar el caso. Hoy es criminalizada por exigir justicia, y junto a las activistas lesbofeministas Jael Bosquez, Caterina Muñoz, Emperatriz Godoy y Karen Vergara, tendrá que enfrentar un juicio oral por los delitos de daños calificados y desórdenes públicos. Las acusadas arriesgan una pena de más de tres años de cárcel y una multa de 11 UTM mensuales.

“Las compañeras están nerviosas y muy ansiosas. Pero yo estoy tranquila porque sé que no hicimos nada malo y porque lo peor ya lo viví cuando mataron a Nicole”, dice Bahamondes a Presentes. Pero también está indignada: “Si no hubiéramos protestado de esa forma, el caso seguiría igual y sin avances. Nos persiguen injustamente y eso es lo que más rabia me da”.

El día de la toma, una multitud de mujeres marchó por las calles de Quillota para conmemorar los tres años del crimen de Nicole. La joven tenía 24 años, era lesbiana y fue asesinada. Su cuerpo golpeado, con signos de tortura y sin vida fue hallado el 25 de junio de 2016 en las inmediaciones del embalse Los Aromos, a dos horas de Santiago.

La marcha estaba autorizada pero terminó con represión policial. En medio de la manifestación, las cinco mujeres decidieron entrar al edificio de la Fiscalía local. Afuera, otro grupo apoyaba con gritos, consignas y pancartas en alusión a este caso que ya tuvo cuatro fiscales y algunas respuestas tardías. Cuatro meses después de la toma, la Fiscalía de Valparaíso identificó a Víctor Pulgar como el principal sospechoso, un chofer de bus que ya estaba pagando una condena por violar a dos menores de edad.

Piden absolución para las cinco 

La injusta persecución y criminalización de Bahamondes, Bosquez, Muñoz, Godoy y Vergara movilizó a las feministas del país. Y derivó en una carta abierta firmada por 129 organizaciones feministas y lesbofeministas y por más de 400 activistas locales, para exigir al gobierno chileno tres cosas puntuales: el sobreseimiento de la causa que se abrió en contra de las cinco; enfocar el ejercicio del poder judicial en investigar los casos de lesbofemicidios como el de Nicole Saavedra y también el de María Pía, ocurrido en 2008 y en circunstancias similares; y garantizar justicia, verdad, reparación y no repetición.

Durante los últimos días agitan el terreno desde las redes sociales y también desde las calles, en medio de las restricciones por la pandemia. 

Bahamondes exige al Ministerio Público y a los Tribunales que “dediquen tiempo y recursos a resolver crímenes contra mujeres y niñas y no a perseguir a quienes luchan contra la impunidad”. También pide celeridad en la condena de Pulgar, que hoy está recluido en la cárcel de Valparaíso, donde cumple dos condenas de 10 y 8 años, por violación y abuso sexual contra dos menores de edad. Pero todavía no se determina su condena por el crimen de Nicole, aunque ya haya pasado un año de quedar imputado por los delitos de violación con homicidio, secuestro y robo. 

La primera audiencia: online

Por la emergencia sanitaria, la audiencia de preparación del 14 de enero estaba prevista online. Pero sobre la fecha fue pospuesta para el 23 de febrero a las 10 de la mañana. Bahamondes no sabe cuánto tiempo podría extenderse. “Pueden ser semanas, meses. No sabemos lo que pueda pasar, pero igual estamos muy confiadas en que no hicimos nada malo”, dice. Serán representadas por Silvana del Valle, abogada de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres y representante de la familia Saavedra Bahamondes ante la Justicia, y también por otras dos abogadas del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres. 

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso

#Chile| Chile 2020: El año más violento para LGBT+, con abandono estatal en pandemiaChile 2020: El año más violento para LGBT+, con abandono estatal en pandemia

Para los colectivos LGBT+ de Chile, 2020 fue un año precario. El país acababa de vivir un estallido social sin precedentes y no terminaba de recuperarse cuando llegó la pandemia de la Covid-19. Las crisis sociales y económicas se profundizaron y afectaron, sobre todo, a migrantes y personas de las disidencias sexuales. A las altas tasas de desempleo, las organizaciones de la diversidad respondieron con ollas comunes y cajas de insumos alimentarios. No hubo marchas masivas en las fechas clásicas de celebración y conmemoración, pero se organizaron para hacer bulla en las redes sociales. Y cuando las cuarentenas obligatorias terminaron, algunes salieron a las calles para reclamar por el abandono estatal. 

A partir del segundo trimestre del año la violencia recrudeció y los crímenes de odio se dispararon. Ante eso, la respuesta del gobierno fue nula. Igual a la que dieron a los colectivos LGBT+ durante los meses más duros de la crisis sanitaria.

Rodrigo Mallea, abogade de la Universidad de Chile y activista de las disidencias sexuales, dijo a Presentes que el balance de este año debe considerarse desde una perspectiva mixta: “Por un lado hay un balance positivo en torno a la capacidad de organización, articulación y posicionamiento de demandas de parte de organizaciones, activistas, redes de apoyo, comunidades, etc. Frente a la pandemia y a las violaciones de derechos humanos, esas redes autogestionadas y organizaciones fueron las que nos salvaron del completo abandono. Y ahí entra el balance negativo: hoy día el Estado y el gobierno nos tienen en un abandono absolutoPara la pandemia no hubo ningún tipo de medida específica, y tampoco no hubo justicia, memoria ni reparación para las personas LGBT que fueron atacadas selectivamente”. 

Subieron conflictos con familiares y vecines

Como no existen cifras oficiales, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) se encarga de tomarle el pulso a la realidad LGBT+ en cuanto a derechos y violencias, con resultados que publican en marzo de cada año. 

Pero en este inédito 2020 hicieron dos estudios, en abril y julio, para medir los niveles de discriminación y el impacto del Covid-19 en la comunidad. En la última encuesta, 47% de las personas consultadas reportaron un aumento de los conflictos familiares o de convivencia con vecinxs a raíz de su orientación sexual o identidad de géneroEl 32,6% dijo que conoce al menos a una persona que lo está pasando mal en su casa o barrio porque sus familiares o vecinxs no aceptan su orientación sexual o identidad de género. Y en el 51% de los casos hubo agresión verbal, seguida por violencia psicológica (41,5%) y física (7,4%). 

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Existe la realidad poco difundida de les jóvenes lesbianas, bisexuales, gays y trans que deben convivir o volver con su familias en pandemia.

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Sin políticas públicas para LGBT+

El gobierno chileno otorgó ayudas económicas a las personas que perdieron sus trabajos y pudieron demostrarlo. Pero a diferencia de lo ocurrido en otros países, ninguna de esas ayudas fue pensada específicamente para personas LGBT+. En esa encuesta del Movilh, el 61% de las personas estuvo de acuerdo con que el Estado debe implementar medidas que ayuden exclusivamente a la población trans. 

Durante los meses más críticos hubo denuncias por parte de organizaciones civiles sobre desabastecimiento y quiebre de stock de los tratamientos para personas viviendo con VIH, que son entregados a través del sistema público de salud. También, en un protocolo local de priorización de acceso a camas críticas, emitido por el Hospital Henríquez Aravena, en Temuco, se excluyó a la población VIH positiva. El Ministerio de Salud se excusó por ese protocolo y aseguró que la circular fue “desautorizada”, por lo que fue retirada posteriormente. 

El informe 2020 del Instituto de Derechos Humanos (INDH), publicado a inicios de diciembre, hace mención a estas problemáticas y en su apartado de recomendaciones señala que el Estado debe “incluir una perspectiva de igualdad de género y un enfoque interseccional en las políticas públicas y modificaciones legales, según corresponda, que se introduzcan para enfrentar la emergencia sanitaria, de manera que no se profundicen las brechas que históricamente han afectado a las personas que integran grupos de especial protección, tales como mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas, personas LGBTI y personas migrantes”.

Violencia y discriminación

En octubre, y ante los constantes reportes de violencia en las redes sociales, la Subsecretaría de Prevención del Delito en conjunto con el Movilh y la Fundación Iguales lanzaron la primera encuesta estatal sobre delitos de odio y otros abusos hacia LGBT+. El sondeo indaga sobre la situación educacional, laboral, familiar y económica de la diversidad sexual y de género y también aborda el LGBTIodio y sus distintas formas de expresión. Los resultados serán publicados en 2021. 

Ese mes Chile también realizó su histórico plebiscito constitucional y decidió que en 2021 el país empezará a sepultar la constitución escrita en la dictadura militar de Augusto Pinochet. Pero durante la campaña electoral, algunos sectores que se oponían a una nueva carta magna -vinculados a las iglesias evangélicas y partidos políticos de derecha- utilizaron un espacio televisivo para difundir mensajes de odio en contra de la diversidad sexual.

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Un mes después, esos mismos sectores amenazaron con sacar a las calles el mal denominado Bus de la Libertad, que en 2017 recorrió varias ciudades del país promoviendo discursos de odio y mensajes transfóbicos. Por eso, desde la sociedad civil lo bautizaron como el Bus del Odio.

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Criminalizadas por pedir Justicia

A dos semanas de cerrar el año, a María Bahamondes, prima de Nicole Saavedra -joven lesbiana secuestrada y asesinada por un chofer de bus– le notificaron que debe ir a juicio oral el 14 de enero de 2021, luego de que en junio de 2019 protagonizó junto a cinco activistas la toma de la Fiscalía de Quillota. Por exigir justicia están siendo criminalizadas y arriesgan cuatro años de cárcel, imputadas por desórdenes públicos y daños calificados al inmueble. “¡Basta de perseguir a las mujeres y lesbianas que luchan por la justicia! ¡Basta de criminalizar a quienes han vivido la violencia!”, escribieron en una carta donde expusieron el caso. 

Más de 2200 personas cambiaron su nombre registral

A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Identidad de Género, el Ministerio de Justicia y el Registro Civil reportaron que al 21 de diciembre, 2.201 personas pudieron cambiar su nombre y sexo registral en Chile. En detalle, 1.286 hicieron el cambio de femenino a masculino y 915 de masculino a femenino. Además, ocho adolescentes de entre 14 y 18 años hicieron la solicitud de cambio de nombre y sexo registral ante un Tribunal de Familia, con el respectivo acuerdo de ambos padres. 

Para Constanza Valdés, abogada trans, asesora legislativa y codirectora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), esas cifras representan parte de los derechos conquistados por la comunidad trans, pero no borran el complejo escenario en el que vivió la comunidad durante todo el año. 

2020: un año agridulce para la comunidad trans

2020 fue un año agridulcePara la comunidad trans fue importante por la entrada en vigencia de la ley y también por algunos fallos positivos, como el reconocimiento de la cobertura de una Isapre (seguro privado de salud) en el caso de una operación de confirmación de género. Pero no hay que olvidar que los derechos humanos de las personas trans no fueron tomados en consideración para el manejo de la pandemia, ni tampoco para beneficios sociales de ninguna naturaleza. También vimos muchos casos de violencia de género y dificultades para que las personas trans participaran del proceso constituyente. La violencia, la discriminación y la exclusión siguen estando muy presentes y a pesar de las pequeñas luces de esperanza, el panorama este año fue muy complejo”, dijo Valdés a Presentes. 

El informe del INDH también se refiere a esta situación. En uno de sus capítulos, subraya que pese a que el derecho a la identidad de género está protegido por ley, en mayo más de 50 personas denunciaron ante organizaciones de la diversidad que el Registro Civil no les había asignado horario de atención para realizar el procedimiento de cambio de nombre y sexo, junto a otras irregularidades como la demora excesiva en la entrega de las nuevas cédulas de identidad.

Por qué reformar la ley Zamudio

Desde este año, varias organizaciones de la sociedad civil están impulsando una red de trabajo para reformar la ley antidiscriminación, mejor conocida como ley Zamudio, en vigencia en el país desde hace ocho años. Buscan generar una ley más acorde a las necesidades de la comunidad LGBT, ante el aumento de la ola de violencias.

Entre otras cosas, el proyecto ingresado el 29 de octubre propone modificar el procedimiento de la acción de no discriminación, otorgando herramientas legales para hacer efectiva la responsabilidad por las infracciones a dicha ley, e incorporar mecanismos que faciliten el procedimiento para la víctima. Actualmente está en primer trámite constitucional, en análisis por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. 

Pendientes legislativos para 2021

El 13 de noviembre ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley “José Matías”, que propone modificaciones a la ley general de educación para incorporar la obligación de aplicar e informar a padres, estudiantes y la comunidad educativa en relación a derechos y disposiciones ya existentes sobre el respeto e inclusión de estudiantes de la diversidad sexual. Este proyecto lleva el nombre de un estudiante trans de 16 años que se suicidó en mayo de 2019, tras sufrir una serie de episodios de acoso en el Liceo Sagrado Corazón de Copiapó.

Pero también hubo obstáculos que hoy se transforman en deudas para el futuro: la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de educación sexual integral tras no alcanzar el quórum necesario y así, la iniciativa que buscaba comenzar con el tratamiento de este tipo de materias desde la educación parvularia, de acuerdo al grado de madurez de lxs menores de edad, quedó archivada.

El 1 de julio, después de cuatro años se logró dar un paso importante por los derechos de hijas, hijes e hijos de familias lesbomarentales, transparentales y homoparentales, con la aprobación de la idea de tratar el proyecto de ley que busca regular la filiación de ellxs. “El proyecto nació desde la necesidad urgente de proteger el vínculo que existe entre hijas, hijes e hijos y sus madres LBTQI, con un trabajo cohesionado y fundado en los principios feministas y lesbotransfeministas de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio, Visibles, Familia es Familia y Corporación Humanas”, contó a Presentes Claudia Amigo, cofundadora de Familia es Familia.

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Está en su segundo trámite, pero en la última sesión se discutieron varias indicaciones que lamentablemente no tuvieron suficiente consenso para ser votadas, lo que deja en evidencia que la iniciativa no será de fácil tramitación.

Y a tres semanas de terminar el año, el activismo se tomó las redes para exigir que se retome la discusión de matrimonio igualitario, en trámite desde 2017 y con muy pocos avances desde entonces.

Qué pasó con los crímenes de odio en 2020

El año 2019 quedó registrado como el más violento en la historia del informe que prepara el Movilh: los casos y denuncias por homofobia y transfobia se incrementaron un 58%, con 1.103 atropellos, la cifra más alta conocida hasta la fecha, según el XVIII Informe Anual de Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género. Pero el activismo teme que las cifras de 2020 vayan mucho más allá. 

Presentes se comunicó con Fiscalía para conocer cómo avanzan estos casos en la Justicia, cuántas denuncias recibieron durante el año -si es que las recibieron- y cómo trabajan para dar respuesta a la comunidad. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. 

“Es un silencio cómplice”, dice el abogade Rodrigo Mallea. A su juicio, se vincula mucho con el aumento de los crímenes de odio en Chile. Y dice que la realidad es que “no hay estadísticas de nada”.

“Lamentablemente los crímenes son pan de cada día para nosotres. Sin embargo, a diferencia de otros años en estos últimos meses la visibilidad ha sido mayor”, acota Mallea. Y añade otro descargo frente al abandono estatal: “El gobierno nos sacó de las encuestas, patologizaron a las comunidades LGBT, omitieron respuestas oportunas para la población seropositiva durante estos meses. Y además siguen llenándose la boca de un discurso arcoiris, cuando no han estado con las disidencias sexuales que sufren las mayores opresiones de las desigualdades de este sistema”. 

Sobre las violencias que cubrió Presentes durante el año, que fueron muchas más que en los anteriores, sólo en cuatro casos hubo detenidos. Las demás no avanzaron en la justicia o no se pudo corroborar ni actualizar la información sobre su curso. Acá un resumen: 

-El 15 de enero, mientras pintaban la reja de su casa, Tatiana Avendaño y María José Yañez fueron atacadas y amenazadas de muerte por un vecino. Denunciaron el caso ante la Fiscalía Local Centro de Justicia de Santiago, y la fiscal Patricia Varas otorgó una medida de protección para la pareja: 30 días para Tatiana y 90 días para María José, porque las amenazas de muerte fueron más incisivas hacia ella.

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-El 5 de junio, Francisco Aranda, un joven bisexual de 29 años fue golpeado y torturado por un grupo de neonazis que vivían como okupas en una casa ubicada en la comuna de Estación Central, en el sector surponiente de Santiago. Dos meses después, la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones detuvo a Rodrigo González, Angelo Sánchez, Betsabet Soto y a su hijo, menor de 16 años. Por este caso les imputaron los delitos de secuestro y agresión con lesiones graves gravísimas. El 6° Juzgado de Garantía decretó la prisión preventiva para tres de ellos. El menor de edad recibió una medida cautelar de arresto domiciliario total. 

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-El 9 de agosto, Cynthia Leslie Velásquez fue apuñalada después de intervenir en una discusión y defender a una chica de un hombre que intentaba atacarla sexualmente. Chico Leslie -como escogió nombrarse y como la conocían en su barrio- era lesbiana y murió a las pocas horas del ataque, en un hospital de Santiago. Hasta ahora no hay detenidos por el caso.

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-El 23 de agosto, Eduardo Hermosilla, de 40 años, denunció que su pareja, Joaquín Somella, fue atacado por un vecino afuera de su casa, en Valparaíso. El golpe con un vaso de vidrio le produjo una herida profunda en la cabeza, que lo llevó a un hospital, y después a una clínica. Formalizaron la denuncia ante Carabineros pero el agresor no fue detenido. 

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-El 17 de septiembre fue incendiado el departamento donde vivían Marcelo Cea y Jorge Ruiz, dos activistas gay de 44 y 31 años. Tenían signos de haber recibido golpes y heridas causadas por un cuchillo. Un mes después, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones imputó a Fabrizio Antonelli Lazo, de 21 años, por este crimen. Según información de la Fiscalía Metropolitana Sur, Antonelli confesó los hechos. El fiscal del caso, Miguel Palacios, informó a la prensa que una de las víctimas conoció al imputado por una aplicación de citas el mismo día de los hechos. En ese momento dijo que el móvil del crimen todavía es objeto de investigación. A la fecha, Presentes no pudo confirmar cómo siguió el caso. 

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-El 25 de octubre, Miguel Arenas Rodríguez fue encontrado sin vida en su casa en Colina. Miguel era gay, trabajaba como peluquero, tenía 36 años y al momento del hallazgo policial, tenía signos de tortura. Francisco Norambuena Padilla, de 25 años, fue detenido e imputado por los delitos de robo con homicidio. Quedó en prisión preventiva mientras sigue la investigación.

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-El 31 de octubre, Vicente González Lorca, un joven trans de 25 años, fue encontrado asesinado en un terreno baldío en Valdivia, al sur de Chile. Victor Hugo Abarca Díaz fue detenido por este caso e imputado por el Ministerio Público como autor del delito de robo con homicidio. El Juzgado de Garantía de Valdivia decretó prisión preventiva para él y en la audiencia de formalización, realizada de manera online, el magistrado Fabián Duffau ordenó su ingreso al Centro Penitenciario Llancahue de Valdivia y dictó un plazo de 100 días para la investigación, bajo la causa rol 6.787-2020.

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Vicente González Lorca, un joven trans de 25 años, fue encontrado asesinado en Valdivia.

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-El 12 de noviembre, Fernando Carrasco, un joven trans de 20 años, fue atacado por dos personas en la calle. Lo golpearon en la cabeza y le dejaron una herida en el hombro y tórax. Hizo la denuncia en la 14ª Comisaría de San Bernardo pero hasta la fecha no hay detenidos.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso. 

#Chile| En Chile, la pandemia metió en el closet a muchas personas LGBT+

Hay muchos desafíos para las comunidades LGBTIQ+ cuando se desatan emergencias y, sobre todo, en una crisis de salud pública como la que hemos vivenciado este 2020. Con esta columna quiero exponer mi perspectiva como mujer lesbiana y coordinadora de la Agrupación LésBIca Rompiendo El Silencio, en lo que han sido las crisis sociales y económicas que se han desatado en Chile, donde nuevamente las más invisibilizadas son las comunidades LGBTIQ+.

Hoy la pandemia nos obliga al encierro, las precauciones, las medidas, a no confiar en quienes tienes cerca y, si bien, para algunes puede ser una oportunidad para parar un poco ante la vorágine de la vida diaria de consumismo que llevábamos, para otres el encierro se convierte en un calvario. Le pasa a las mujeres cisgénero que obligadamente conviven con un agresor y deben asumir dobles, hasta triples tareas con el teletrabajo y les hijes de los cuales hacerse cargo.

Presentes conversó con algunas de las organizaciones de esta plataforma y con otrxs activistas que también agitan el debate desde sus esquinas.

Las recientes encuestas revelan lo que todes sabemos: un porcentaje muy bajo de esos maridos ayuda en las labores de la casa a su compañera en pandemia. Asimismo, las parejas del mismo sexo también cargan con problemáticas de violencia proveniente de los roles impuestos y cuya invisibilidad en este contexto les juega más en contra.

Pero también existe la realidad poco difundida de les jóvenes lesbianas, bisexuales, gays y trans que deben convivir o volver con su familias en pandemia. En este contexto, se ha denunciado aumento de violencia en el entorno, en que se suman algunos familiares que les agreden por su forma de sentir, vestir o expresarse. La familia que debería ser tu refugio en tiempos de crisis, se convierten para LGBTIQ+ en sus principales verdugos. Así, por ejemplo, se comienzan a conocer casos como el de una joven lesbiana amenazada de violación correctiva por su padrastro o de un joven gay cuya tía y primas con las cuales convive, se burlan de su expresión de género. Realidades que no se consideran en las políticas públicas o si se hacen, se realizan desde el total desconocimiento de las realidades propias de comunidades marginadas.

Muchas personas LGBT que viven con sus familias están atravesando momentos difíciles, ya sea por rupturas o por un distanciamiento obligatorio de sus vínculos.

Frente a este abandono, el contexto actual se ha transformado en el regreso a un closet obligatorio y asfixiante. Las comunidades LGBTIQ+ necesitan contención y apoyo. El Estado de Chile aún no da cabida plena a las personas LGBTIQ+, las invisibiliza, no las muestra o, peor aún, cuesta mucho que impulse cambios legales para mejorar sus condiciones de vida. Al menos en Chile, el Senado ha tomado cartas en el asunto y ha promovido la instalación de una mesa en que se abordan estos temas en conjunto con la sociedad civil. En dicha mesa se construyó una agenda de género y diversidad sexual en contexto COVID, de la cual, pese a las buenas intenciones de la senadora Adriana Muñoz, no ha visto aún su impacto en el gobierno con alguna política pública. ¡Es más! La subsecretaria de derechos humanos no tenía idea de la existencia de esta agenda. Insólito.

Chile: El retorno del bus del odio

¨Los discursos de odio y el negacionismo de derechos humanos no forman parte de la libertad de expresión”. Por Constanza Valdés.

Entonces, es necesario tener una mirada más amplia de aquellas políticas que se llevan a cabo. Países como Argentina han incorporado en sus servicios esa mirada; es decir, visibilizan y entienden que la disidencia sexual debe ser considerada con sus propias problemáticas y especificidades. Como Agrupación exigimos que las medidas propuestas tengan una mirada interseccional, eso quiere decir que se incluyan en las experiencias y realidades de las mujeres, la clase, la raza, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, porque todas ellas son diferentes y diversas manifestaciones de violencia que no están visibilizadas ni nombradas. Es momento de abrir #ElOtroCloset, conversar, visibilizar y tomar cartas en el asunto.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Chile| Histórico: Ejército admite por primera vez en sus filas a un hombre trans

Se trata de Benjamín Ernesto Barrera Silva, de 26 años, quien en unos días se graduará como enfermero militar de combate.

Un hecho sin precedentes se registró en el Ejército de Chile, que este año y por primera vez en su historia incorporó en sus filas a un hombre trans.

Se trata de Benjamín Ernesto Barrera Silva, de 26 años, quien en unos días se graduará como enfermero militar de combate.

El joven soñó toda su vida con unirse a las Fuerzas Armadas y finalmente logró entrar a la Escuela de Suboficiales, donde inmediatamente contó que era transgénero.

“Hasta el momento no he tenido ningún tipo de discriminación”, contó al Movilh, desde donde destacaron el hecho.

Según indicó al organismo, su actual desafío es “contribuir a que la mentalidad siga cambiando y hayan otras personas como yo también, que puedan acceder a las FFAA sin ningún tipo de discriminación y diferencias”.

Por su parte, desde el Ejército aseguran que “garantizan la igualdad de Derechos en conformidad a la Constitución Política, y por tanto, como principio elemental, no discriminan en ninguna de sus formas y es tolerante y respetuoso”.

En ese contexto, aclararon que el carácter inclusivo de la institución “considera a todas aquellas personas que desean servir a la Patria”.

Fuente: CW, Diario El Diverso.

#Chile| Joven trans denuncia ataque: lo golpearon con una pistola en la cabeza

La noche del jueves 12 de noviembre, Fernando Carrasco, un joven trans de 20 años, salió a comprar una bebida en San Bernardo (una comuna al sur de Santiago) acompañado de su tío. Volvió a su casa con golpes en la cabeza, la frente sangrando y una herida en el hombro y tórax.

En conversación con Presentes, denunció que dos personas a quienes conoce, lo atacaron en plena calle y sin razón aparente. Dijo que lo querían matar. “Íbamos caminando por la calle y de repente aparecieron y cruzaron directamente hacia mí. No me dijeron nada, o yo no me acuerdo. Sólo vi que Isaac sacó una pistola y me pegó un cachazo en la frente. Ahí me fui a negro y me caí al suelo”, cuenta. 

Fernando se dedica al comercio, vive con su abuela, su madre y su hermana. Conoce a sus agresores de las calles de San Bernardo, una comuna periférica al sur de Santiago. Contó a Presentes que un par de veces coincidió en fiestas con estas personas. De hecho, cada vez que las veía en la calle le gritaba cosas. “Incluso una vez una de ellas vino a mi casa a lanzar piedras”, dijo. 

Torturas homoOdiantes en la Armada de Chile

La Armada dijo a Presentes que “habrá una indagatoria” y que no saben “cuándo estará finalizada”. Consecuencias del daño psicológico.

Le gritaban: “Pégale un balazo”

No sabe cuánto tiempo estuvo inconsciente. Pero sí recuerda que después lo empezaron a insultar: “Una de las agresoras era una mujer, y le gritaba al otro atacante ‘pégale un balazo a esa lesbiana culiá (sic)’. A mí me gritaba que nunca iba a ser hombre y otras cosas muy transfóbicas”. Tampoco recuerda cuándo se fueron, pero dice que su tío, como pudo, lo llevó de vuelta a casa. Ahí se volvió a desmayar y su hermana llamó a Carabineros porque estaba sangrando mucho.

Una patrulla policial llegó a su casa para llevarlo a la urgencia del Hospital Parroquial de San Bernardo. Fernando dijo que su informe médico da cuenta de un traumatismo encefalocraneano (TEC) y de varias lesiones cortopunzantes en el tórax, aunque él no recuerda haber visto algún cuchillo, sólo el arma de fuego. Al rato, dice, volvieron los Carabineros a buscarlo y lo llevaron a la 14ª Comisaría para consignar la denuncia. Después lo llevaron a reconocer dónde viven sus agresorxs. 

Están amenazando a mis amigos por ayudarme”

Hasta el cierre de esta nota, Fernando no sabía si la policía volvió a buscar a sus agresorxs. Tampoco si existe alguna orden de detención, aunque sabe que siguen libres. Presentes trató de comunicarse con la 14ª Comisaría de San Bernardo pero no atendieron los teléfonos durante la tarde del viernes.

Fernando está mejor, recuperándose en su casa. Tiene el apoyo de su familia, sus amigos y de Organizando Trans Diversidades (OTD). Teme por su vida y también por la de su círculo cercano. “Están amenazando a mis amigos por ayudarme a denunciar y por compartir la información en redes sociales”, aseguró. 

El viernes13 de noviembre a mediodía, varias organizaciones de la diversidad se reunieron con la Subsecretaría de Prevención del Delito para discutir sobre la violencia que crece en Chile desde hace varias semanas. También para hablar de los avances de un estudio exploratorio que realizan sobre violencias y crímenes de odio hacia personas LGBTIQ+. Parte de esa investigación se hará con los resultados de una encuesta que todavía se puede contestar en línea. En un comunicado de prensa difundido tras la reunión, la institución señaló que los resultados estarán disponibles durante el primer semestre de 2021 y que hasta la fecha, ya hay más de 2 mil encuestas completadas.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Chile| Asesinan a un joven trans en sur de Chile: Justicia para Vicente

Vicente González Lorca, un joven trans de 25 años, fue encontrado asesinado el sábado 31 de octubre en un terreno baldío de la calle Patricio Lynch, en Valdivia, al sur de Chile, en la Región de Los Ríos. Vicente había iniciado su transición hace un par de años y tenía pocos meses viviendo en esa ciudad. Era de San Sebastián, un balneario perteneciente a la comuna de Cartagena, en la Región de Valparaíso.

Las cámaras de seguridad instaladas cerca del lugar fueron claves para dar con un sospechoso en menos de 24 horas. El domingo, la Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a Víctor Hugo Abarca Díaz, de 58 años. Hasta ahora es el único detenido. 

En Valdivia, Vicente trabajaba en el sector de la construcción y antes de eso trabajó en un aserradero. Dejó una hija de seis años y una familia que en redes sociales clama justicia por el crimen. Su cuerpo fue trasladado este martes a San Sebastián, donde su madre lo espera para velarlo. 

Desmentida a primeras versiones

Ese mismo día en la mañana, los medios locales reportaron el crimen. Tomando las declaraciones públicas del fiscal Carlos Bahamondes, informaron que la víctima era una mujer llamada Elizabeth. El lunes circuló la versión de que Elizabeth era lesbiana. Varias organizaciones de la diversidad difundieron el caso en redes sociales y activaron una campaña digital para exigir justicia ante un nuevo femicidio, que sería el número 38 en lo que va de año, según el conteo que lleva la Corporación Miles, una organización feminista que trabaja para construir y promover el libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. 

Pero ese día en la tarde trascendió su identidad de género y desde entonces, las organizaciones exigen a las autoridades que se reivindique como tal. También reclaman que se investigue como un crimen de odio. 

Presentes confirmó esta información con la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), que está asistiendo a la familia de Vicente con las diligencias legales del caso. 

Fernanda Seguel, integrante de Abofem Los Ríos, explicó que se trató de una confusión al momento de la revisión de los documentos de la víctima. Tras una reunión con tuvieron con su familia, corrigieron la información difundida.

“Efectivamente era un chico trans que no había hecho su cambio de sexo registral”, dijo Seguel a Presentes.

Que se investigue como crimen de odio”

Abofem patrocinará la causa vía querella para asumir un rol activo en la investigación penal junto a la familia. Hasta la noche del lunes, todavía evaluaban el camino a seguir. “Con la querella lógicamente vamos a buscar la penalidad más alta. Y también estudiaremos la posibilidad encontrar algún tipo de agravante, considerando la identidad de género de Vicente. Queremos que se investigue como crimen de odio”, dijo Seguel al teléfono desde Valdivia. 

También advirtió que el caso es complejo. No sólo porque en Chile el odio no está tipificado como delito, sino por la identidad social y autopercibida, que no coincide con la registral. “Él se designaba para efectos sociales como Vicente, pero civilmente todavía era considerado de otro modo. Desde ese punto de vista también podría ser un femicidio. Lo más importante, claramente, además de que se respete su identidad, es que lo que hagamos influya en la cantidad de años y en la pena que se le dará al autor del delito”.

Es muy posible una recalificación de los delitos”

Ayer, el Juzgado de Garantía de Valdivia decretó prisión preventiva para Abarca Díaz. En la audiencia de formalización, realizada de manera online, el magistrado Fabián Duffau ordenó su ingreso al Centro Penitenciario Llancahue de Valdivia y dictó un plazo de 100 días para la investigación, bajo la causa rol 6.787-2020.

La información publicada en los archivos del Poder Judicial de Chile afirma que durante la madrugada, Abarca Díaz llevó a Vicente hasta ese terreno baldío donde después lo encontraron. “El imputado, con el propósito de matar y robar, toma por el cuello a la víctima, asfixiándola hasta causarle la muerte, para, posteriormente, apropiarse de la mochila y retirarse del lugar”, señala el comunicado. 

Seguel dijo a Presentes que las cámaras también captaron a Abarca Díaz en tres oportunidades previas, caminando cerca del mismo lugar donde Vicente fue asesinado, lo que indica que hubo planificación. También dijo que están a la espera de los resultados del informe pericial, pues hasta ayer no se había podido determinar si el agresor violó a Vicente antes de asesinarlo. 

Familia, amigos y activistas exigen #JusticiaParaVicente

Hasta el cierre de esta nota, la acusación de delitos se mantenían igual, pero Seguel cree que más adelante “es muy posible que se de una recalificación en el caso”. A eso también apuntan con la querella. Presentes contactó a la Fiscalía que lleva el caso para consultarles sobre esa posibilidad, pero no obtuvo respuestas. 

En paralelo, en Valdivia y varias ciudades de Chile, esta noche habrá manifestaciones y velatones en su memoria.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Chile| Torturas homoOdiantes en la Armada de Chile: impunidad y daño psicológico

Lo tienen tomado de manos y pies, como crucificado, mientras le gritan, se ríen de él y lo golpean entre varios. La víctima está con los ojos vendados y se le ve contornearse y quejarse de dolor. Después le escriben en el torso con un lápiz de tinta azul: “Maraco, fleto” (en Chile son términos usados de forma despectiva para referirse a los hombres homosexuales). Esas imágenes circularon por redes sociales desde la noche del 27 de octubre y se hicieron virales en el país. Según la cuenta que las publicó, el video fue grabado el 4 de agosto de este año, durante el aniversario de la Escuela Naval Playa Ancha de Valparaíso.

La Armada de Chile emitió un comunicado en el que asegura que el video no es reciente, sino del año 2018. También dijeron que “se practicarán las averiguaciones internas necesarias a fin de adoptar las medidas que correspondan”. Y que lo ocurrido “se aleja de los valores y principios formadores” de la institución. 

Indagatoria sin fecha

Presentes se comunicó con la Armada para conocer avances en la investigación, pero sólo dijeron que “habrá una indagatoria” y que no pueden adelantar “cuándo estará finalizada”, a través de una respuesta vía mail enviada desde la Dirección de Comunicaciones. 

Hasta el cierre de esta nota, no pudimos confirmar si el joven al que torturan en esos videos es LGBT+. Pero ante la evidente connotación homoOdiante del registro, indagamos en los daños de un acto como ese. Al respecto, consultamos a Dani Figueroa, psicólogue y psicoterapeuta con experiencia en disidencias y diversidades funcionales y también activista de Disidencias en Red.  

“La institución policial avala y fomenta violencia”

-De lo que pasa en ese video que dura unos minutos pero que es muy violento, ¿qué es lo que te parece más grave? ¿qué conductas o patrones observas? 

-La naturalización de las prácticas de tortura, así como la deformación que se produce en cada uno de los sujetos al encarnar la deshumanización con la que se vive la escena, con gritos y descontrol. Me parece una vorágine de hombres privilegiados que se jactan de su posición para ejercer dolor, jugando con la sumisión y la jerarquización. Me llama la atención la relación entre confesión y sumisión como formas de expropiación (uno de los hombres que lo golpea le pide que diga cuál es la mejor generación de esa Escuela). Al mismo tiempo, la disolución de la culpa entre la masa y su consecuente impunidad, dan cuenta de cómo la institucionalidad policial avala y fomenta la violencia, escondiendo el odio patriarcal hacia la diferencia.

-¿Qué tipo de daño psicológico puede acarrear para una persona LGBT ser sometida a esa tortura? 

-Las consecuencias de la discriminación, violencia sexual y tortura pueden ser múltiples y extensamente variadas en intensidad y gravedad. Van desde sindromes de estrés postraumático y agudo, trastornos psicosomáticos, asilamiento social, dificultades para dormir, suicidio, trastornos por abuso de sustancias, conductas autodestructivas, aparición de brotes psicóticos, entre otros. Eso también puede mermar las relaciones afectivas y familiares. En relación a la tortura, las consecuencias pueden llevar a la necesidad de hospitalización psiquiátrica o conllevar largos procesos de reparación. 

Es importante tomar en consideración que las personas LGBTIQA+ experimentan con mayor cercanía y periodicidad situaciones discriminatorias y violentas. Se podría señalar que están más propenses a desarrollar alguna de estas afecciones. La construcción identitaria podría verse afectada fuertemente por la presencia de un entorno discriminatorio, generando una mayor “fobia internalizada” y un “estrés de minoría” constante que podría influir en la aparición de síntomas depresivos y ansiosos. Muchas de las expresiones usadas en ese video no se alejan de la realidad de muchos colegios y hogares en los que discursos de connotación homofóbica son parte de la cotidianidad

Dolor y coerción, anonimato e impunidad

-En redes sociales, algunas personas comentan que no se trató de un ataque o tortura sino que es una práctica “normal” en el Ejército. Pero es claramente una forma de normalizar la violencia. ¿Qué opinas?

-Efectivamente, es normalizar la violencia aunque también me parece que son formas y códigos que se repiten en la historia. Queda muy claro que saben cómo utilizar el dolor y la coerción para imponer ideas ante la fragilidad de la propia masculinidad que se escuda de la violencia y los privilegios para actuar en absoluto anonimato e impunidad, usando la confesión como expropiación para poner fin a la tortura. Algo que me lleva a recordar al cristianismo y las cruzadas, junto a la burla y ridiculización de las identidades, sobre todo de las mujeres. Las risas nerviosas de la víctima me llevan a pensar en la función del ocultamiento, para matizar, poner cobertura y evitar el castigo patriarcal, que es inevitable, desencadenando el miedo al prejuicio, el estigma y el rechazo a sí misme. También evidencia la militarización y la disciplina jerárquica para imponer la verdad y el respeto. Me parece que la escena no dista de prácticas cotidianas en muchos hogares y de nuestra historia, y eso es justamente lo más preocupante.

“Las disidencias y diversidades encarnan el estigma social día a día”

-¿Te ha tocado conocer de cerca casos similares a ese? 

-Casos así de graves no. Pero las disidencias y diversidades encarnan y viven el estigma social, la discriminación y el silencio día a día.

¿Cómo se puede guiar a víctimas que han vivido una situación como esa pero que no se atreven a denunciar o buscar ayuda psicológica?

-En relación a las víctimas de la violencia de género, sexual y tortura, se presentan matices en la intervención. Y existen programas de reparación en torno a eso. Sin embargo, la impunidad policial y el estigma social impiden que estos casos sean visibles o que lleguen a condenas efectivas. Resueno demasiado con la consideración de que estos asuntos suelen ser “privados” de cada familia, por lo que no se denuncian. Y en respuesta, la misma comunidad LGBTIAQ+ busca poder brindar espacios de contención, reparación y generación de la memoria a modo de resistir y contribuir a subsanar las heridas de este sistema. 

Sobre las orientaciones psicológicas más especializadas, estas requieren de un arduo trabajo de reconocimiento y cuestionamiento de la posición de la víctima, así como de una resignificación de las experiencias traumáticas y del sentido de la misma. El trabajo psicoterapéutico permite ir a mirar nuevas formas de construir(se) fuera de la idea de patología, y esta concepción permite acercar la conversación terapéutica a quienes son más reacios. A su vez, es interesante ampliar esta mirada a una que considere a la salud mental como herramienta de protección y reparación de la violencia, en particular hacia la comunidad LGBTIAQ+. 

Creo que facilitar y crear espacios de escucha fraternos y cercanos. Para quienes hayan pasado por situaciones similares es una alternativa que permite hacer más consciente las heridas de estos eventos y en consecuencia, ir sanando.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Chile| Torturaron y asesinaron a un joven gay : denuncian “ola de crímenes de odio” en Chile

Miguel Arenas Rodríguez fue encontrado sin vida el 25 de octubre en la mañana en su casa, a pocas horas de que arrancara la histórica jornada por el plebiscito constitucional en Chile. Miguel era gay, tenía 36 años y según la información que manejan varias organizaciones lgbt, tenía signos de tortura.

Era peluquero y atendía clientes desde su casa, en la Villa San Andrés de Esmeralda, en Colina. Hasta el cierre de esta nota las autoridades no se habían pronunciado sobre el caso, pero desde el activismo sospechan que se trató de un crimen de odio. El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) presentó una denuncia ante la Fiscalía e informó que asesorarán a la familia de la víctima para presentar una querella.

“Estamos profundamente preocupados por este asesinato, que eventualmente podría ser un nuevo crimen de odio. Hemos solicitado a la Fiscalía que investigue las causas del crimen (…) y tuvimos una respuesta satisfactoria, pues los antecedentes que reportamos ya fueron derivados a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Regional Metropolitana Norte”, dijo Óscar Rementería, vocero del Movilh, en un comunicado.

De acuerdo a la información que maneja el Movilh, Miguel estaba amarrado de pies y manos. “Se cree que pudo ser violado. En su boca tenía un palo (…) y un objeto con el que fue asfixiado”, dijo Rementería. También mencionó un detalle que cree puede guiar la investigación: en su casa estaban todas sus pertenencias, menos su celular y sus documentos de identidad.

Carlos Fernández, amigo de la víctima, también cree que hay un componente homofóbico por la forma en que lo asesinaron. “Su familia está destrozada por esta situación y a la espera de la respuesta de la Fiscalía. Pedimos justicia para nuestro amigo, pero también que nuestros derechos se hagan más fuertes”, dijo a Presentes.

Aprovechando el espacio televisivo que les da el Estado en el marco de la campaña por el plebiscito para una nueva Constitución, partidos políticos de derecha y grupos religiosos hacen propaganda anti-LGBT.

Sus amigos y familiares emprendieron una campaña digital con la etiqueta #JusticiaParaMiguelArenas. Para este martes a la noche están convocando una velatón en la Plaza de Colina, en el barrio donde Miguel vivía.

En el mundo del activismo hay mucha preocupación por la ola de violencia que viene creciendo con fuerza en el país. En las últimas semanas, se han registrado al menos cuatro ataques a miembros de la comunidad y un asesinato a dos activistas gay.

Airam Fernández, desde Santiago de Chile El viernes por la tarde la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones…

“Esperamos la mayor sensibilidad de la Fiscalía para considerar esta hipótesis (la del crimen de odio) en todas las investigaciones que curse, pues de comprobarse, aplica el agravante de la Ley Zamudio”, dijo Rementería.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Chile| Grupos conservadores de Chile usan la televisión para difundir mensajes de odio anti-LGBT

A finales de septiembre comenzó en Chile la emisión de la franja electoral televisiva de las campañas del Apruebo y del Rechazo para el histórico plebiscito constitucional que se realizará en el país el 25 de octubre. Algunos sectores del Rechazo vinculados a las iglesias evangélicas y a la Unión Demócrata Independiente (UDI) -un partido político de derecha- están utilizando ese espacio para difundir mensajes de odio en contra de la diversidad sexual, construidos en base a discursos religiosos, simbología de la comunidad y hasta testimonios de personas LGBTI.

Propuestas transfeministas para una nueva Constitución chilena

Presentes conversó con algunas de las organizaciones de esta plataforma y con otrxs activistas que también agitan el debate desde sus esquinas.

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Según las reglas del sistema de propaganda política chileno, esta franja -que incorpora por primera vez a la sociedad civil- debe emitirse dos veces al día. Cada una dura 15 minutos, con 7 minutos y 30 segundos divididos por igual entre los partidos y organizaciones de ambas opciones. Que sea un espacio que se transmite en cadena nacional y en televisión abierta en los canales agrupados en la Asociación Nacional de Televisión es algo que preocupa a la comunidad LGBTI, por algunos de los contenidos difundidos que les señalan, frente a la posibilidad de escribir una nueva Constitución. 

Presentes los analizó, a partir de la visión de activistas y expertxs de la diversidad en materia comunicacional y de leyes. También consultó a la Pastoral de la Diversidad Sexual (Padis), una comunidad de hombres y mujeres lesbianas, gays y bisexuales que junto a sus familias, se vinculan a la Comunidad de Vida Cristiana (CVX), una asociación laica internacional inspirada en el modelo de vida espiritual de Ignacio de Loyola.

Bandera de la diversidad y una iglesia ardiendo

A través de la Fundación El Samaritano,un grupo evangélico que milita por el Rechazo utiliza imágenes de marchas por el aborto, la bandera de la diversidad e incluso una iglesia ardiendo en llamas. Se van intercalando con una música de suspenso de fondo y una voz en off que narra: “La iglesia evangélica ha estado siempre en ayuda de los que más necesitan, pero hoy está en peligro y vamos a salir a defenderla. El prudente ve el peligro y lo evita, el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias”.

Hay una clara intención en la forma de construir ese mensaje, dice Érika Montecinos, periodista y directora de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio (RS): “Quieren vincular a la diversidad con la destrucción”.

Erich Mellado, periodista y parte de la organización Padis, lo ve como parte de la avanzada de populismos de extremos ideológicos que se han levantado también en varios países y que promueven una agenda en contra de la diversidad sexual. “Muchos de esos programas políticos han sido eficaces en construir y extender el concepto ‘ideología de género’, que ha sido recogido por el mundo católico y cristiano, sobre todo, entre los más conservadores. Así, se ha entremezclado la política partidista con cierto integrismo religioso que, entre sus enemigos, tiene a las demandas de la comunidad LGTB+”, dice.

Para Constanza Valdés, abogada trans, asesora legislativa y codirectora de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile (Abofem), no solamente es “lamentable y vergonzosa” la forma de actuar de estos grupos religiosos, que a su juicio imitan a los grupos más conservadores del Brasil de Jair Bolsonaro. Es, también, algo fuera de norma: “No sólo buscan difundir una campaña de terror, con miedos, prejuicios y lgbtifobia infundada, sino que no corresponde. Desde 1925, el Estado de Chile está separado de la Iglesia y partiendo de ahí, la política y la gerencia estatal no se pueden mezclar con la religión”.

Valdés dice que también son discursos muy peligrosos, que pueden abonar el clima violento y anti derechos que avanza en el país. “Pueden provocar que la gente actúe en contra de nosotres solamente porque se promueven en televisión nacional y a lo largo de todo Chile”, advierte.

“Votar aprueblo es votar por Satanás”

Votar apruebo es votar por Satanás. Eso insinúa el mensaje de un grupo autodenominado “Evangélicos por el Rechazo”, que utilizó su espacio en la franja para difundir un mensaje que al menos a Valdés sólo le causa risa. Kevin Valenzuela es el vocero en este caso: “La Biblia dice que Satanás vino precisamente a matar, robar y destruir. Esto nos demuestra quién es el que está detrás de todo este proceso refundacional de Chile y ningún hijo de Dios puede dar su aprobación a las obras infructuosas de las tinieblas”.

Valenzuela es un férreo defensor de movimientos anti derechos como el de “Con mis hijos no te metas”. Tanto su aparición como la de la bandera de la diversidad en el spot de este grupo evangélico buscan “recordar al público más conservador sobre los supuestos peligros que tendría abrir la puerta a los derechos de las minorías sexuales”, observa Mellado.

Y añade que como estrategia, este grupo recurre al miedo para señalar, por ejemplo, “supuestos nexos entre la diversidad sexual y la pedofilia, la no existencia de una clara imagen de los roles padre y madre para los hijos e hijas, y tantos otros desastres que supondría votar por el Apruebo”. Cree que lo hacen basados en una visión “bibliocéntrica”: “Quizás, esta es una de las diferencias que existe con el mundo católico, en donde hay un debate más amplio para comprender la Biblia”. 

Mellado también subraya que esto ocurre en un escenario que tiene varios años en construcción. Prueba de ello es que en el Parlamento chileno hay una bancada evangélica conformada, que surgió para “luchar en favor de los ‘valores cristianos’”, pero que al mismo tiempo se opone “a toda legislación que pudiera contrariarlos”, como los avances en el reconocimiento de derechos para la diversidad sexual. 

“Ponen en riesgo toda nuestra evidencia y testimonios”

La aparición de un Youtuber conocido como el “Facho Cola” también molestó a la comunidad. En la franja del Rechazo, asegura que jamás he tenido problemas al decir que es gay, pero que no ocurre lo mismo cuando dice que es gay y de derecha. Valdés pone en duda la primera afirmación, sobre todo en un país como Chile, que en 2019 registró un ataque de homofobia y transfobia cada seis días, de acuerdo a la data del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh). “Es un discurso que pone en riesgo toda nuestra evidencia, nuestros testimonios”, dice.

Para Montecinos, la intención de ese mensaje es, primero mostrar que la derecha apoya a la comunidad o tiene gente de las disidencias en sus filas. Y cree que eso, al mismo tiempo, es un intento de restarle importancia al movimiento: “Cada persona es libre de militar donde quiera, pero esto es claramente un intento de relativizar todo, de decir que todo da lo mismo, si igual ‘nos apoyan’, como sugieren ahí”.

Mellado cuestiona el uso de una etiqueta como “facho cola” para presentar a una persona no heterosexual, sobre todo por la carga de ese adjetivo. “Pareciera que existe en algunos la necesidad de presentar a la diversidad con esos apelativos, como una caricatura. Lo otro cuestionable es que él no habla sobre los derechos de la diversidad o los cambios que podría traer al colectivo votar por esa opción en la papeleta electoral”, plantea.

“Quieren anular y agredir todo lo que sea diferente a la heteronorma”

En la franja, una estudiante de trabajo social de la Universidad de Chile cuenta un episodio de violencia que vivió el año pasado. Dice que por motivos políticos, un grupo de encapuchados “como de 15 personas” la atacaron. Y justo cuando dice eso, la sacan del cuadro, su voz se queda en off y sale en pantalla una imagen que parece captada por una cámara de seguridad, donde se ve un grupo de personas vestidas de negro, muy cerca de un mural donde aparecen personajes emblemáticos de la diversidad en Chile: Pedro Lemebel, Hija de Perra, Gabriela Mistral, Mara Rita y Nicole Saavedra, asesinada en 2016.

A Montecinos le preocupa este guiño a la diversidad con la construcción de un mensaje como ese: “Evidentemente hay una intención de anular y agredir todo lo que sea diferente a la heteronorma. Quieren dar a entender que todo lo relacionado con la diversidad, con las disidencias, incluso con personas que fueron violentadas, implica una sociedad en peligro. Es caer muy bajo, porque en ese mural además aparece el rostro de Nicole y seguramente quienes hicieron esa campaña no deben tener ni idea de lo que padeció sólo por el hecho de ser lesbiana y camiona”.

Valdés explica que en este escenario no existen herramientas legales específicas. Ni siquiera acciones especiales a las que recurrir para sancionar discursos de odio, más allá de la figura del recurso de protección como el que presentó Fundación Iguales ante la Corte de Apelaciones de Santiago y en contra de la UDI, ante las evidentes referencias discriminatorias.

La excusa de la libertad de expresión

Pero lo que ambas consideran especialmente grave dentro de todo esto, es que quienes promueven estos discursos se excusan en la libertad de expresión. Para Montecinos, no son más que discursos de odio que hay que denunciar públicamente, a través de medios y redes sociales, ante la falta de otras herramientas. “Si se trata de mensajes que atentan contra las libertades de otras personas, o que son construidos desde creencias o ignorancias respecto de la existencia de otras personas, no pueden ser validados en un Estado que dice proteger a todas las personas”, dice, criticando además el rol del Servicio Electoral de Chile (Servel), institución que en teoría tiene la función fiscalizadora en materia de campañas electorales.

Para Valdés, precisamente por esto era tan importante el avance de un proyecto como el de Educación Sexual Integral, rechazado la semana pasada en la discusión parlamentaria. De aprobarse, sería un gran aporte para una educación que permitiera “combatir el odio y la ignorancia” con información, discusión y libertad frente al derecho de vivir una sexualidad libre de prejuicios. 

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Chile| Propuestas transfeministas para una nueva Constitución chilena

El coronavirus cambió muchos planes, también el cronograma para una nueva Constitución en Chile. Estaba previsto que 14 millones de chilenxs y migrantes habilitadxs para votar asistieran a las urnas (el 26 de abril) a tomar una de las decisiones más importantes en la historia de la democracia chilena: escoger si quieren o no una nueva Constitución, y sepultar a la que rige en el país desde 1980, de la dictadura de Augusto Pinochet. La pandemia trastocó los planes y la fuerza política coincidió en la necesidad de aplazarlo para el 25 de octubre. El 31 de julio, el presidente Sebastián Piñera se refirió al asunto durante su Cuenta Pública Presidencial y dijo: “La democracia se fundamenta en la libertad de sus ciudadanos y esa libertad exige conductas responsables. Estando a pocas semanas del plebiscito acordado, debemos ejercer esta libertad y responsabilidad con rigor y especialmente en tiempos de crisis, que muchas veces tienden a ser caldos de cultivo para todo tipo de populismo. […] Todos tenemos derecho a proponer cambios a nuestra Constitución y leyes, por los caminos que ellas establecen. Pero todos debemos respetarlas, y muy especialmente las autoridades que juramos o prometimos hacerlo siempre”.

Será el primer plebiscito nacional desde 1989. Pero también el resultado de un acuerdo histórico entre los principales partidos políticos del país, en respuesta a las revueltas sociales que estallaron en octubre de 2019. Cuando ocurra, lxs ciudadanxs no sólo tendrán que responder si aprueban o rechazan la idea: deberán definir si la redacción se hace a través de una Convención Mixta, integrada por miembrxs elegidxs popularmente y por parlamentarixs en ejercicio; o una Convención Constitucional, integrada exclusivamente por miembrxs elegidxs popularmente.

Si el resultado es favorable, el órgano que vaya trabajando en el texto general deberá validar sus decisiones y votar el proyecto completo, sus capítulos y artículos en particular. Para eso necesitará una aprobación de dos tercios de quórum de los miembros de la Convención.

Aunque el cambio en la agenda política y la pandemia dieron cierta tregua a la polarización, quienes viven en Chile no olvidan los problemas que lxs llevaron a las calles hace nueve meses. Cuando la crisis sanitaria recién empezaba, las organizaciones feministas y de la diversidad sexual, entre otras agrupaciones, conformaron el comando Apruebo Diversidad, para pensar en colectivo y aportar al debate constitucional.

Presentes conversó con algunas de las organizaciones de esta plataforma y con otrxs activistas que también agitan el debate desde sus esquinas. Coinciden en que una nueva Constitución no solucionaría todos los problemas del país, pero sí sería un primer paso muy importante. Esto es lo que proponen para no quedarse fuera del proceso y para lograr una Constitución donde quepan todxs, con sus identidades y derechos reconocidos.

Cambiar las bases de la institucionalidad

En su artículo 1º, la Constitución chilena establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Para algunxs activistas, el concepto de igualdad debería ser reformulado, porque consideran que aparece definido desde la heteronorma y el binarismo.

Rodrigo Mallea, activista y licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, insiste sobre ese punto: “La Constitución no puede partir asumiendo que todas las personas son iguales o están en iguales condiciones. Lo que debe hacer una nueva redacción es buscar que todas las personas podamos ser materialmente iguales. Es decir, que la igualdad no sea indiferente a las desigualdades estructurales, y en base a estas circunstancias, considerarlas y buscar erradicarlas”.

Entre las propuestas de Gloria Maira, coordinadora de la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y ex subsecretaria del Servicio Nacional de la Mujer, destaca la de avanzar hacia un concepto de igualdad sustantiva: “Es decir, una igualdad por resultados”.

“En ese sentido, es importante cambiar en las bases de la institucionalidad. Por ejemplo, ese concepto de personas es binario y abarca sólo a hombres y mujeres”, plantea Constanza Torres, directora de la Comisión LTBIQ+ de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).

Franco Fuica, activista transmasculino y vicepresidente de Organizando Trans Diversidades (OTD), también propone suprimir esa visión binaria: “La Constitución debe reescribirse desde una visión de ser humano, independientemente de su género”.

Para Gonzalo Cid, dirigente del Movimiento por la Diversidad Sexual (MUMS), la Constitución debe contener las garantías para que exista una institucionalidad a cargo del seguimiento a leyes como la de Antidiscriminación (conocida como ley Zamudio), junto a la incorporación de una mirada de género y diversidad sexual “para revisar y corregir el actual ordenamiento jurídico vigente, cambiando toda norma discriminatoria y velando para que las leyes, reglamentos y decretos no discriminen en el futuro”.

Lo que plantea Alessia Injoque, activista trans y presidenta de Fundación Iguales, va en una línea similar: “Es indispensable que los principios de igualdad y no discriminación redibujen el mapa moral de la institucionalidad, de forma que permitan y garanticen a la comunidad LGBTI tener acceso sin distinción alguna a las instituciones del Estado”.

Constanza Torres, directora de la Comisión LTBIQ+ de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem).

Aunque la carta actual no define el concepto de familia, el artículo 1º sí establece que será el “núcleo fundamental” de la sociedad. Constanza Torres, de Abofem, propone eliminar ese principio, para pasar a la idea de que el núcleo de la sociedad son “las personas en su conjunto”.

Desde la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio (RS) proponen ampliar esa visión e incluir a las familias diversas: “Debido a las técnicas de reproducción asistida, hoy están conformadas, por ejemplo, familias lesbomaternales. No tienen reconocimiento legal debido a la Constitución, pero coexisten”.

Por un Estado garante y presente

Uno de los grandes cuestionamientos a la Constitución vigente tiene que ver con el rol subsidiario del Estado, que no aparece de forma explícita pero que define de muchas maneras cómo funciona Chile hoy. Por ejemplo, el artículo 1º señala que “el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”. Es decir, un Estado que no provee directamente derechos como salud, educación, agua o seguridad social, sino que los deja en manos privadas. Ahora, las demandas apuntan a que el Estado tenga una mayor participación e involucramiento en la prestación de los bienes básicos.

“Hoy, el Estado subsidiario limita la participación estatal para cuando ya es demasiado tarde, después de que da absoluta libertad a los privados. Esto es problemático porque los privados buscan satisfacer sus intereses y no los intereses colectivos, los que usualmente se ven amenazados o abandonados con esta fórmula”, dice el abogado Rodrigo Mallea. Cambiar eso también abre las posibilidades a una mejor calidad de vida, plantea Gloria Maira: “Lo que necesitamos es un Estado garante y presente”.

Desde RS proponen que el Estado adquiera responsabilidades concretas respecto del financiamiento de programas sociales, de rehabilitación y reparación para personas con discapacidad, como la Teletón, un evento benéfico y televisado cada año para recaudar dinero con estos fines. “Es necesario que el Estado deje de ser un espectador más de esta actividad y se haga responsable de la entrega de garantías de salud a quienes necesitan apoyo por discapacidades, tanto congénitas como adquiridas”, plantean desde esta organización conformada por lesbianas.

Derechos fundamentales para la diversidad

Mallea dice que es necesario comprender que las reivindicaciones de las diversidades sexuales “son transversales y estructurales” y que ese es el principal desafío que se presenta en este eje. “Es positivo que exista un reconocimiento explícito, en los principios y derechos, por ejemplo. Pero el reconocimiento debe ser a lo largo de todos los derechos y toda la Constitución y no solamente un apartado o un anexo”, plantea este abogadx sobre el espacio que las personas LGBT deberían tener.

En el capítulo de derechos, Constanza Torres de Abofem, dice que es importante incorporar los económicos, sociales y culturales, pero con un enfoque de género y de diversidad. “Pensemos en derechos como la vivienda, educación, salud y trabajo, de los cuales la población LGBTI siempre ha estado excluida”, sostiene.

Alessia Injoque

Alessia Injoque, de Fundación Iguales, plantea una carta “orientada a la igualdad en matrimonio, derechos filiativos e identidad”. También suma la necesidad de que se reconozcan y protejan a las familias, cualquiera que sea su composición, y de prevenir la discriminación en lugar de sólo castigarla.

El derecho a la educación sexual y los derechos reproductivos no pueden faltar, dice Franchesca Carrasco, activista de la Colectiva Neutres. Gloria Maira suma el derecho a la vida libre de violencia para las mujeres y niñas, el derecho a la participación en la representación política, los derechos culturales y medioambientales, junto a un reconocimiento explícito del trabajo en el cuidado del hogar, que además “debe ser contabilizado en las Cuentas Nacionales”.

Franco Fuica

Para Franco Fuica, de OTD, es necesario dejar por escrito el derecho de cada persona a desarrollar su potencialidad y que eso sea verdaderamente garantizado por el Estado. Lo dice pensando en las personas trans y muy a pesar de la ley de Identidad de Género que entró en vigencia en diciembre pasado.

Alejandra Soto, activista trans y presidenta del Sindicato Independiente de Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré profundiza sobre los derechos para las personas trans. “No ser reconocidas desde la Constitución es un obstáculo adicional para acceder a la salud, que desde hace mucho exigimos que sea abordada desde un enfoque integral. Hasta el momento, al menos a las compañeras de esta organización se nos mira como hombres en edad productiva. Por lo tanto, en todas las fichas de protección social o en los beneficios que entrega el sistema público de salud, nosotras quedamos fuera porque no cumplimos con ciertos parámetros que otros decidieron que eran importantes”, dice. 

Sindicato Independiente de Trabajadoras Sexuales Amanda Jofré

Otros fundamentales que suman desde RS son el derecho a la libre expresión “sin ser agredide, mutilade o sancionade por eventos pacíficos”; derecho de acceso a una educación gratuita y de calidad; acceso a la salud universal, de calidad y a tiempo; derecho a decidir sobre el propio cuerpo; derecho a tener y ser parte de una familia reconocida y respeto a las diferentes composiciones familiares: “Esto último aportará también a mejores y más expeditos procesos para asistencia médica para el embarazo, procesos de adopción y reconocimiento de familias lesbomaternales a través de los derechos de filiación”, añaden.

Que todo esto esté atravesado por una lógica de la interseccionalidad o multiculturalidad es crucial, añade la vocera de Abofem, sobre todo “para no excluir a pueblos originarios, migrantes o personas con discapacidad”.

Enfoque feminista

¿Es viable que un país como Chile pueda lograr una Constitución feminista? Hay consenso en que sí.

Rodrigo Mallea dice que no sólo es necesario, sino que jurídicamente es posible: hace poco, tanto el Congreso como el Senado aprobaron la paridad de género en el órgano constituyente que tendrá en sus manos la redacción de una nueva Constitución. “Un aspecto que sustantivamente puede ayudar a que esto se logre es que la Constitución será escrita por un número considerable de mujeres. Y aunque puedan ser de derecha, esperamos que tengan una mayor avanzada en lo que respecta a derechos reivindicados desde el feminismo”, dice el abogadx. Franchesca Carrasco, de Neutres, advierte que la inclusión de todas las mujeres de la disidencia también es fundamental en esto.

Franco Fuica

Franco Fuica, de OTD, subraya algo importante desde la construcción del movimiento: “El feminismo no es una construcción sólo para mujeres, como muchas veces se intenta hacer ver, sino más bien una construcción política definida por la igualdad, por la idea de que todas las personas tienen el mismo valor. En ese sentido, lo que el movimiento social ha logrado es un levantamiento fuerte contra la opresión, con mucha entereza y con mucha conciencia, y esa lucidez viene de la construcción feminista, que en parte es lo que nos permite instalar hoy estos temas a nivel constitucional”.

En términos de contenido, Constanza Torres plantea que una nueva Constitución puede ser feminista sólo si parte de la premisa de la equidad de género en sus bases institucionales: “La prevención, sanción y reparación de la violencia de género deben estar incorporados como uno de los principios capitales, dejando los detalles de los mismos a la ley. También se debe plasmar la igualdad de género por medio de cuotas o escaños reservados en ciertos ámbitos de los Poderes del Estado. De igual forma se debe realizar un trabajo más serio y comprometido en relación a la perspectiva de género en los capítulos de Fuerzas Armadas, Poder Judicial, Tribunal Constitucional y del Congreso”. Torres también plantea la necesidad de dejar explícito que el Estado tiene el deber de “respetar y promover la amplia diversidad de mujeres que existen en el país”.

Alessia Injoque advierte que las mujeres y diversidades que participen del proceso de redacción deben asegurar que no haya ninguna restricción a la autonomía sobre el cuerpo en la nueva carta: “Como la protección ‘del que está por nacer’, que aparece en la Constitución actual y que se usa como referencia para oponerse al aborto”.

Para Gloria Maira, la mirada feminista llega a partir de la voluntad de erradicar el patriarcado, el colonialismo y el extractivismo como formas de dominación de las personas, pero no puede limitarse al nuevo texto que está por venir: “Siento que más allá de declarar una Constitución feminista e incorporar todos estos elementos de los que venimos hablando, hay que mirarlo como un horizonte a largo plazo, donde seguramente lo que hoy planteamos será insuficiente. Creo que es un trabajo continuo de construcción y deconstrucción precisamente a partir de esa voluntad”.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso