#Honduras|Congreso blinda aborto legal y matrimonio igualitario en Honduras

El Congreso Nacional de Honduras, en una maniobra fuerte de los antiderechos, aprobó este jueves 21 de enero una enmienda constitucional para prohibir el matrimonio igualitario y el aborto. Aunque ambos derechos están prohibidos actualmente, esta jugada política actúa como un candado constitucional y hace aún más difícil cualquier mínimo avance. 

A partir de ahora se necesitarán 96 de los 128 votos totales del Congreso para cambiar los artículos 67 y 112, que son los que refieren al aborto y al matrimonio igualitario respectivamente, determinaron ayer los congresistas.

Dictamen en primer debate | Reformar el Art. 67 de la Constitución de la República, referente a la prohibición del Aborto.

HD @mario_perezSB presenta moción para la dispensa de dos debates, aprobado por ende se discute en su único debate.

-Aprobado en su totalidad#SesiónCN pic.twitter.com/2lPDi6JN20— Congreso Nacional (@Congreso_HND) January 21, 2021

En Honduras las reformas constitucionales deben ser aprobadas por dos tercios de votos. Hasta ayer hacían falta 86votos, según la Constitución hondureña. Pero para cambiar las prohibiciones contra el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo harán falta más: las tres cuartas partes del Congreso (96 votos). Todavía se necesita ratificar esta modificación en una nueva legislatura en el año 2022.

La reforma del artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras

establecida por los congresistas tiene el fin de impedir la legalización del aborto en

Honduras. Además modificaron el artículo 112 sobre el reconocimiento del

matrimonio del mismo sexo. El artículo 67 de la Constitución de la República de Honduras dice que está “prohibida e ilegal la práctica de cualquier forma de interrupción de la vida del que está por nacer, a quien debe respetarse la vida en todo momento”. 

El artículo 112 prohibe el matrimonio igualitario, al expresar que reconoce “el derecho del hombre y de la mujer, que tengan la calidad de tales naturalmente, a contraer matrimonio entre sí, así como la igualdad jurídica de los cónyuges. Solo es válido el matrimonio civil celebrado ante funcionario competente y con las condiciones requeridas por la ley”.

Un día triste para los derechos humanos

“Hoy es un día extremadamente triste para los derechos humanos en Honduras”, dijo la coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, Indyra Mendoza. “Es impresionante estar en manos de políticas y políticos perversos”.

Para la defensora de Cattrachas, “los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBTI+ siempre han sido monedita de cambio, pero esta vez se les fue la mano. No solo por hacer estrategias para destruirse unos a otros, ya que el partido Nacional quiso robarle la bandera de lucha al Liberal. No es justo que intercambien nuestras vidas por votos y poder”.

Si siguen con estas políticas, habrá más caravanas, no solo de mujeres y población LGBTIQ+. La verdad, Honduras se va a ir yendo”, lamentó la coordinadora de Cattrachas. Y agregó: “Meten el artículo 112, sin que se haya discutido y sin que haya aludido absolutamente nada explícito en el dictamen. Honduras va a ser castigada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por esta ley discriminatoria”, dijo.

Así viven 300 personas LGBT+ en la primera caravana migrante hondureña de 2021

Presentes acompañó a más de 300 personas LGBT+ hondureñas que se sumaron a la primera caravana migrante rumbo a EEUU.

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Escudo contra el aborto 

Con la reforma llamada “Escudo contra el aborto”, aprobada en un solo debate, Honduras se convierte uno de los cuatro países en Latinoamérica que prohíben el aborto en todos los casos.

⛔ ¡NO SE VALE TANTO ODIO! ⛔ pic.twitter.com/7B1n7QQQIz— Somos Muchas (@SomosMuchasHN) January 21, 2021

Esto desatiende las recomendaciones internacionales en materia de derechos reproductivos y sexuales. “El aborto se debe garantizar cuando la salud de la mujer está en riesgo, el embarazo es producto de violación o incesto o es incompatible con la vida extrauterina”, según los estándares internacionales de derechos citados por el Centro de Derechos Reproductivos.

Honduras es uno de los países latinoamericanos con tasas más elevadas de embarazos adolescentes. Uno de cada cuatro partos en Honduras es de una menor de 19 años, según Naciones Unidas. Se estima, en base a datos locales, que más de 30.000 adolescentes de entre 10 y 19 años dan a luz en Honduras cada año. Y aunque nadie sabe con exactitud cuántas mujeres y niñas se someten a abortos clandestinos en el país, según estimaciones del Centro de Derechos de las Mujeres, cada año se realizan aproximadamente entre 50.000 y 80.000 abortos. 

Cada 22 horas, una mujer muere en forma violenta y al menos una de cada cuatro mujeres en Honduras ha sufrido abuso físico o sexual de una pareja, según una encuesta gubernamental de 2011-2012. Se estima que por lo menos, el 40 % de los embarazos no fueron planificados o deseados en el momento en que se engendraron. Algunos embarazos no deseados son producto de violaciones.

Hemos vuelto a las cavernas”

“No hay un país que limite tanto a las mujeres y poblaciones diversas”, dice la abogada y coordinadora de la organización no gubernamental Unidad de Desarrollo de la Mujer y la Familia (Udimuf), Vanessa Siliezar. “Hemos vuelto a las cavernas. O peor”.

Las reformas aprobadas contra la libertad de las mujeres y los grupos LGBTIQ+ en Honduras son una manera en que el gobierno silencia a los grupos que reivindican derechos.

Según defensores de derechos humanos en el país, Juan Orlando Hernández busca por medio de estas tácticas distraer la atención de los señalamientos de narcotráfico y de la ineficacia de su gobierno para resolver los problemas que provocan el éxodo masivo de hondureños al extranjero.

Al aprobarse las reformas, “lo que era una cortina de humo se convierte en un candado de castidad para las mujeres en Honduras”, agrega Vanessa Siliezar.

Instituciones internacionales llevan días pronunciándose en contra de estas reformas que violentan las libertades de las mujeres y minorías hondureñas. Según el Parlamento Europeo, “la penalización del aborto en Honduras obliga a mujeres y niñas a buscar abortos clandestinos o a asumir embarazos forzados. Esto resulta en las altas tasas de mortalidad y morbilidad materna de Honduras”. https://twitter.com/OACNUDHHN/status/1352451477869129730

“Sabíamos las feministas que esto podía pasar, lo que no sabíamos es que iban a tener el descaro de hacerlo en siete días”, expresó Indyra Mendoza. 

Contra la marea verde que triunfó en Argentina

Según el diputado nacionalista hondureño Mario Pérez, gobiernos “de izquierda”, como el argentino, son los que han aprobado la legalización del aborto. Honduras, agrega Pérez, no repetirá el ejemplo de Argentina. 

El Congreso argentino aprobó el aborto legal, seguro y gratuito en la madrugada del 30 de diciembre de 2020, en medio de alabanzas de los grupos de defensa de derechos humanos y organizaciones feministas en Honduras y el resto de América Latina.

Aunque Naciones Unidas condenó este martes la reforma del Congreso hondureño, lo que ocurrió en Argentina “no puede suceder en Honduras”, agregó Pérez, quien es parte de los grupos conservadores que critican la legalización del aborto en el país sudamericano.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Hondura| Kendra Jordany: cómo es ser trans en Honduras, de los países más peligrosos para personas LGBT+

Kendra Stephany Jordany, activista transfeminista de Honduras, aspiró a ser la primera candidata trans a diputada del Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Aunque no salió electa, cambió la historia.

“Todo empezó a los 19 años”, cuenta Kendra Jordany Stephany, de 31 años, refiriéndose a su transformación en mujer trans en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Como muchas trans hondureñas, Kendra ha tenido que afrontar el rechazo en un ambiente en el que las iglesias y los políticos alientan el discurso machista.

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Kendra vive con su madre y sus sobrinos en una pequeña casa en las faldas de la sierra de El Merendón. Para llegar allí hay que tomar empinadas calles de tierra entre la espesa vegetación de la zona, bajo la llovizna. Esa comunidad poco a poco ha ido aceptándola, aunque lxs vecinxs siguen llamándola usando “un diminutivo” de su nombre legal.

Desde la colonia de Kendra pueden verse los edificios de San Pedro Sula como pequeñas cajas de colores entre el smog y la lluvia. Sus sobrinos juegan pelota en la calle con lxs vecinitxs mientras cuenta que aunque le gusta estar en su casa, la pandemia del coronavirus “exageró” un poco las cosas y la ha obligado a permanecer confinada. “Espero que todo vuelva a la normalidad”, dice.

Normalidad, para ella, es regresar a su trabajo en la organización internacional Médicos sin Fronteras, en una ciudad cercana y desde donde aboga por los derechos de la población LGBTIQ+ de Honduras. También significa retomar sus estudios de Periodismo en la Universidad del Valle de Sula, amplia y fértil zona donde está situada la ciudad natal de Kendra.

Afrontar a las familias

La transición de Kendra empezó cuando “ya era mayor de edad: nadie me podía decir nada y tenía trabajo. Lo primero como mujer trans fue el crecimiento de mi cabello, la feminización de mi cuerpo. Cambiar toda la vestimenta que antes usaba. Afrontar a la familia por todos estos cambios”.

Afrontar a la familia es un aspecto crucial en la vida de la mayoría de las personas de los colectivos LGBTI+. En Honduras, los obstáculos y el rechazo hacia las mujeres trans como Kendra suelen empezar en el hogar.

Las ideas tradicionalistas de las familias hondureñas se vuelven más tercas debido al discurso machista que prima en el país y a las prédicas prejuiciosas que desde los púlpitos dirigen los “apóstoles” de las principales Iglesias. Un ejemplo del discurso religioso anti-LGBTIQ+ en Honduras es la famosa prédica reproducida por el programa Primer Impacto. Allí el pastor evangélico Evelio Reyes pidió a sus feligreses “no votar por candidatos homosexuales ni lesbianas”. Reyes fue demandado por sus declaraciones contra los colectivos de la diversidad sexual.

Los políticos se unen a la cruzada discriminatoria de los predicadores, como el candidato presidencial y presentador de programas de concursos Salvador Nasralla, quien en una entrevista dijo que está en contra del matrimonio gay.

El primer paso de Kendra en su hogar “fue a los 15 años al decirle a mi mamá ‘soy gay’. Porque antes, dice, ser homosexual era para todxs, no había clasificación LGBTIQ+. El transodio, sabe, comienza en casa. La familia les dice a muchxs ‘te aceptamos con tal de que no vayas a andar vestido de mujer”. 

En el transcurso de más de 15 años, lxs parientes de Kendra han ido aceptando su nueva identidad. “Me siento bien con mi hija”, dice su madre, abrazándola mientras están sentadas en el sillón floreado de la sala. “Me gusta todo lo que ella hace y la amo”. A sus sobrinos también les gusta salir a jugar con Kendra, abrazarla y platicar con ella.

Para Kendra, la transición ha sido riesgosa como para muchas otras feminidades trans en Honduras, donde se topan con la discriminación en cada esquina y no hay apoyo médico para ellas. Una de las necesidades para las mujeres trans consiste en aplicar las hormonas que las ayudan a feminizarse. Kendra pasó por un proceso de hormonización que afectó su salud, aunque ahora dice que se siente mejor que antes. 

Comenzó a usar las hormonas a los 22 años de edad, después de “preguntarles a otras trans cómo hacían para verse tan bonitas. Fue fuerte para mi cuerpo porque se me ponían las uñas moradas, se me aceleraba el corazón y me daban unos escalofríos que me tiraba diez colchas encima y sentía aquel gran frío”. 

Después de experimentar con varias hormonas, encontró al fin una que no le causaba tantos problemas de salud y le ayudaba a sentirse mejor con su cuerpo. Kendra y las demás mujeres trans hondureñas no encuentran consejería en las instituciones de salud a las que podrían acudir para que les indiquen qué procedimientos seguir en su transición, por lo que muchas prefieren arriesgarse autorrecetándose procedimientos que ponen en riesgo su vida o inyectándose aceites para acelerar el proceso de feminización. Muchas de ellas además sobreviven ejerciendo el trabajo sexual, expulsadas del mercado laboral. Y quieren tener cuerpos bonitos para llamar la atención de sus potenciales clientes.

“Me siento muy bien así. Plenamente bien”, dice Kendra. De la aceptación en su hogar, Kendra pasó a la aceptación en su colonia. “En mi colonia me respetan”, dice, “conocen a mis padres. Recuerdo una vez que iba en rapidito [microbús] y el chofer le dijo al ayudante ‘tratamela bien porque es defensora”.

Para muchas trans, solo se trata de un cambio corporal, pero en el de Kendra se trata también de un cambio de mentalidad que ella dice se llevó a cabo desde el momento en que comenzó a involucrarse con organizaciones de defensa de derechos humanos y derechos LGBTIQ+. Su visión cambió con las charlas, diplomados y talleres. “Comencé a deconstruirlo todo, a deconstruir hasta el uso de maquillaje. Recuerdo que un jefe me dijo que yo iba con resaca al trabajo, pero lo que pasaba es que ese día fui a trabajar sin maquillaje. También mucha gente me dice que afine un poquito más la voz, pero yo no finjo la voz”. 

Hace pocos años, cuando empezó a ir a la universidad, se dejaba el pelo corto para llamar menos la atención. En esos días, cuando quería retomar su apariencia trans, se “empelucaba para disimular un poco”, pero ha dejado de hacerlo y hoy tiene una larga cabellera que suele tocarse cuando habla. 

Activismo transfeminista

Dice que las organizaciones le han dado la oportunidad de desarrollarse como persona trans y como parte de colectivos y comunidades. A veces, en su trabajo en las instituciones, el temor al rechazo la ha hecho “retroceder”.

Kendra se dio cuenta de que era transfeminista cuando fue a un encuentro en Choloma, al norte de San Pedro Sula. “Allí me di cuenta de que, por todo lo que me pasaba, yo ya era feminista. Empecé a empoderarme. En ese entonces no se escuchaba hablar de estos temas. No había las categorías de feminismo que hay ahora. Acá en Honduras no conozco a muchas mujeres transfeministas”. 

Con su candidatura al PARLACEN desde un partido de izquierda, hizo que todos hablaran del tema. Aunque cuestionaran la participación de la diversidad en la política por considerar que se trata de minorías.

“Mi amor propio ha cambiado”, agrega Kendra. Sigue soñando en grande. Hoy uno de sus mayores objetivos es construir un albergue donde las mujeres trans hondureñas tenga un espacio donde puedan ser ellas mismas.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso

#Honduras| Un juicio histórico para Vicky Hernández, trans hondureña asesinada por fuerzas estatales

El 11 y 12 de noviembre de 2020 se llevará a cabo de forma virtual la audiencia fijada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para emitir sentencia contra el Estado de Honduras por el crimen de la líder trans Vicky Hernández. Vicky fue asesinada el 28 de junio de 2009, día del golpe de Estado contra el entonces presidente Manuel  Zelaya, que estableció el gobierno de facto de Roberto Micheletti. La querella busca eliminar el decreto de amnistía de 2010 que protege a los perpetradores del golpe de Estado para identificar la cadena de mando que ordenó el asesinato de la activista trans hondureña.

Vicky Hernández, la primera víctima de ejecución extrajudicial del régimen de facto durante el golpe de Estado, tenía 26 años en el momento de su asesinato. Vicky terminó la primaria y abandonó los estudios para trabajar y mantener a su madre, su hermana y su sobrina. Era trabajadora sexual y reconocida activista de la organización de derechos humanos de mujeres trans Unidad Color Rosa de San Pedro Sula, Honduras.

La noche del crimen

Vicky salió a la calle la noche del 28 de junio a ejercer el trabajo sexual sin saber del toque de queda impuesto por el gobierno de facto.  Esa noche, Zelaya fue sacado de su casa a punta de fusil y enviado en un avión a Costa Rica.

La mañana del 29, Vicky fue encontrada muerta en una calle de la colonia Ruiz, en el noreste de San Pedro Sula. Agentes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal hicieron el levantamiento del cadáver a las 7:30 de la mañana. La noche anterior, solo había fuerzas estatales de seguridad en las calles sampedranas. Eso hizo despertar la sospecha entre las organizaciones de la diversidad sexual y los defensores de los derechos humanos de que los culpables del asesinato tienen vínculos con el Estado hondureño.

El cadáver de la activista trans presentaba “una herida irregular en su ojo izquierdo” y otra igual “en la región frontal izquierda”. El forense concluyó que Vicky fue asesinada por arma de fuego”, según documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitido en diciembre de 2018.

Audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La cadena de impunidad comenzó con el crimen y continuó con el manejo del cadáver de Vicky, que fue trasladado a las instalaciones de Medicina Forense en el norte de San Pedro Sula, donde las autoridades se negaron a practicarle la autopsia. “Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las autoridades forenses se negaron a realizar el dictamen de autopsia con la excusa de suponer que la víctima vivía con VIH”, señala el documento de la CIDH.

“No quisieron emprender ninguna diligencia investigativa por considerar que la víctima era una persona ‘diferente’ y sin derechos, lo que constituye una discriminación en razón de sus preferencias sexuales”, agrega una petición presentada el 23 de diciembre de 2012 por organización Cattrachas y años después se unió a la defensa la organización Robert F. Kennedy Human Rights de Estados Unidos.

Tiempo después, las autoridades argumentaron que habían hecho la autopsia, pero no hay registros oficiales de que se la hayan practicado.

El velatorio de la líder transexual Vicky Hernández tuvo lugar en la sede del colectivo Unidad Color Rosa, Colectivo TTT de San Pedro Sula. La enterraron en La Puerta, un cementerio para la población general situado en el sur de la ciudad.

De la impunidad a la esperanza

Vicky Hernández ha dejado de ser otro número en la larga lista de muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Honduras para convertirse en un signo de esperanza para los colectivos tradicionalmente despreciados en el país.

Desde el asesinato de la activista en 2009 hasta la fecha han muerto violentamente al menos 366 personas LGBT, incluyendo a 117 mujeres transexuales como Vicky. Pero el Código Penal hondureño aún no recoge en sus páginas la palabra “transfemicidio” para tipificar el asesinato de mujeres y hombres transexuales. Casi todos los casos, incluyendo el de Vicky, siguen impunes.

“Un asesino en Honduras tiene 96% de posibilidades de que el sistema no lo atrape. Es un gran negocio ser sicario en Honduras; 96% de posibilidad y a la comunidad, 98%”, agrega, ahondando en las causas de las altas cifras de impunidad en Honduras. Eso se debe a la deficiente investigación en Honduras”, explica a Presentes el abogado y catedrático universitario Ramón Enrique Barrios

La activista Indyra Mendoza, de la red Cattrachas

Según Barrios, los propios órganos de investigación consideran que los miembros de la comunidad LGBTI son asesinados porque se lo merecen. Incluso hay prejuicios religiosos de fondo, pues la sociedad cree que se lo merecen porque “no siguen los dictados tradicionales de Dios”.

La organización lésbica Cattrachas ha estado trabajando en sus más de 11 años de lucha para que el caso de Vicky no quede impune. Este es solo el comienzo de un esfuerzo por hacer que también paguen los responsables de los crímenes contra las otras 116 mujeres trans y 250 personas LGBTIQ+ asesinadas desde 2009.

“Con tanta impunidad, con tantas muertes, esto es como una justicia colectiva”, dice la coordinadora de Cattrachas, Indyra Mendoza. “Allí van a estar los nombres de otras trans. Hubo prejuicio, discriminación, violencia, odio, pero al final vamos a lograr esa justicia colectiva”.

“Fue una ejecución extrajudicial”

El equipo liderado por Cattrachas y Robert F. Kennedy Human Rights ha pedido que se derogue el decreto de amnistía de 2010 que ha permitido que sigan impunes todos los crímenes cometidos durante el golpe de Estado de 2009. De esa manera, la justicia podrá caer sobre los violadores de derechos humanos escudados detrás del golpe. “Fue una ejecución extrajudicial, pero hubo una cadena de mando alrededor de ellos”, afirma Indyra Mendoza.

Los otros resultados del grupo de litigantes encabezados por Indyra Mendoza son los reparos económicos y psicológicos que el Estado hondureño debe conceder a la familia de la activista transexual asesinada el día del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya para imponer el gobierno de facto de Roberto Micheletti.

“Con el establecimiento del toque de queda, las autoridades de facto justificaron la militarización del territorio hondureño y la presencia de militares y policías en las calles”, señala Cattrachas.

“Demostrar que nuestros cuerpos valen”

Además, la organización con sede en Tegucigalpa registra durante los ocho meses que duró el gobierno de Micheletti 31 asesinatos de personas LGBTI, de las que 15 eran mujeres trans y 16 de gays. Esa cantidad supera el total documentado entre 2003 y 2008. Cattrachas identifica un patrón de asesinatos contra mujeres trans, lo cual afianza la teoría de que en su mayoría fueron ejecuciones extrajudiciales.

El caso de Vicky está rodeado de misterios y viciado por la impunidad. Al negarse a hacerle la autopsia porque según las autoridades vivían con VIH, “sufrió discriminación incluso después de su asesinato”, dice la directora de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights, Angelita Baeyens.

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“Es muy significativo que llegue por primera vez a la Corte Interamericana un caso de violencia letal contra una mujer trans porque abre la puerta para visibilizar la situación de esta población y exponer todos los abusos cometidos en ese caso. No solo es la historia trágica de Vicky. Es la de cientos de mujeres trans en Honduras y la región que son víctimas de constante discriminación y violencia por parte de las autoridades y de muchos otros sectores de la población”, agrega Baeyens.

“Es como demostrar que nuestros cuerpos también valen, nuestras vidas valen, nuestras luchas valen. Eso para mí es importante”, afirma Indyra Mendoza.

La CIDH responsabilizó en mayo del 2019 a Honduras de la muerte de Vicky Hernández.

Según la Comisión, “tomando en cuenta tales contextos, el hecho de que las calles estaban bajo control total de la fuerza pública, así como la falta de esclarecimiento judicial de lo sucedido, existen suficientes elementos para concluir la responsabilidad directa del Estado por la muerte de Vicky Hernández”.

Para el organismo, el asesinato de Hernández “constituyó un supuesto de violencia por prejuicio hacia su identidad y expresión de género”.

Fue un transfemicidio

El equipo de las organizaciones Robert F. Kennedy de Human Rights y Cattrachas espera que en el asesinato de Vicky se reconozca el término legal “transfemicidio”, pero el camino ha estado sembrado de obstáculos.

Un primer paso para llegar a la meta fue establecer un patrón en los asesinatos de personas LGBTI y en especial de mujeres trans durante el golpe de Estado en Honduras como una manera de categorizar esos crímenes como ejecuciones extrajudiciales.

“Estos transfemicidios se llevaron a cabo a altas horas de la noche, durante toques de queda ilegales, cuando las calles estaban bajo la custodia absoluta de las fuerzas públicas militares y policiales. Además, la mayoría de víctimas se dedicaban al trabajo sexual y fueron ejecutadas con un disparo a la cabeza”, apunta Cattrachas.

Según el patrón identificado en los 15 asesinatos de mujeres trans cometidos durante el régimen de facto de Roberto Micheletti, Cattrachas creó la siguiente definición de la palabra ‘transfemicidio’: “Muerte violenta de mujeres trans, motivada por el prejuicio, el desprecio y la discriminación del género y la identidad asumida de las víctimas, siendo la materialización de una violencia sistemática por la exclusión social y estatal”.

A pesar de todo, el informe de fondo de la Comisión Interamericana reconoce que la ejecución extrajudicial de Vicky fue un transfemicidio. Esta es la primera vez que el término ‘’transfemicidio’’ es utilizado en el seno del sistema interamericano.

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La muerte de Vicky es la primera ejecución extrajudicial transfemicida reconocida por el Sistema Interamericano. Para la Comisión, el caso puede catalogarse como un asesinato por prejuicio basado en la identidad de género y hay fuertes indicios de que el Estado hondureño está involucrado directamente en el crimen.

No obstante, hasta hoy el Estado sigue negando las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el golpe de Estado y la vinculación directa de agentes del orden público en el asesinato de Vicky.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Hondura| Ser LGBTI en el Triángulo Norte de América Central es vivir en peligro

Los gobiernos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica no han hecho los esfuerzos suficientes para garantizar la integridad y seguridad de las personas LGBTI en sus países. Por eso,  muches se ven obligades a escapar principalmente a Estados Unidos donde rechazan su solicitud de asilo, señala un informe realizado por la organización Human Rights Watch (HRW).

El informe “Vivo cada día con miedo’: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo en Estados Unidos” recoge los testimonios de 116 personas de los tres países.

El Estado y las pandillas: principales amenazas

Según el estudio de HRW, los principales actores que atentan contra la comunidad son los cuerpos de seguridad del Estado, como policías, soldados, las pandillas, el crimen organizado y sus propias familias, sin que los estados garanticen su protección.

“Los gobiernos del Triángulo Norte no brindan una protección adecuada a las personas LGBT contra la violencia y la discriminación, y que estas deben sortear graves obstáculos si intentan obtener asilo en Estados Unidos”, señaló Human Rights Watch en un comunicado.

Los gobiernos de los tres países son conservadores, como el del hondureño Juan Orlando Hernández y el guatemalteco Alejandro Giammattei, o el estilo totalitario del salvadoreño Nayib Bukele, quién suprimió la dirección de la diversidad sexual en 2019 y adoptó otras medidas que contravienen los derechos de la población como la anulación de la única línea telefónica para recibir denuncias de discriminación y ataques.

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Huyendo de la pobreza y los altos niveles de violencia, miles de centroamericanos salen de sus países en busca de mejores oportunidades. Desde 2018, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, formaron caravanas de migrantes que intentaron cruzar a Estados Unidos, muchos perdieron la vida y fueron deportados hacia sus países.

Trump y el rechazo de Estados Unidos

El éxodo desató el enojo del presidente Donald Trump, quien reforzó las medidas de seguridad en las fronteras y coordinó estrategias de contención de los países de origen para frenar el flujo de personas.

El presidente estadounidense Donald Trump también anunció el 20 de abril, en el marco de la crisis por coronavirus, que su país estableció la suspensión temporal de peticiones de asilo humanitario, afectando a la población de la diversidad sexual.

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Para las organizaciones defensoras de los derechos LGBTI, esta política pone en riesgo de muerte a las personas migrantes que huyen de sus países de origen para salvar su vida.

“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”, expresó Neela Goshal investigadora sénior sobre derechos de las personas LGBT de HRW.

Sin condena para los crímenes de odio

Human Rights Watch destaca que tanto Honduras como El Salvador han aprobado leyes sobre delitos de odio en los últimos 10 años, pero ninguno de estos países ha impuesto condenas por esos delitos.

En julio, en un fallo inédito, tres policías fueron condenados a 20 años de prisión, luego que un juez los encontrara culpables de asesinar con brutalidad a la mujer trans, Camila Díaz, sin embargo, el agravante de crimen de odio no fue incluido.

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Camila Díaz, que era perseguida por la pandilla Barrio 18, viajó a Estados Unidos y solicitó asilo, pero le fue denegado por las autoridades. 

Bianka Rodríguez, directora de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS), dijo a Presentes que en Centroamérica no existen las condiciones necesarias para que la población LGBTI pueda desarrollarse plenamente, debido a políticas de exclusión y discriminación, muchas veces impulsadas desde el Estado.

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“Vivimos en países cimentados por sistemas o patrones heteropatriarcales y a esto se le suma a la crisis económica, política y de poca transparencia, que también contribuyen a que no se obtengan esos medios necesarios para asegurar el sostenimiento de la vida de las personas LGBTI y de sus familias”, dijo a Rodríguez a Presentes.

Según COMCAVIS registra desde 2015 hasta la fecha, unas 450 personas de la población LGBTI han salido del país, en busca de protección internacional, mientras que de enero a junio de 2020, unas 110 personas se debieron desplazar, en el contexto de la pandemia, por razones de violencia, persecución y amenazas en El Salvador.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Honduras| Huyó de Honduras por ser LGBT y lo pagó con un año de cárcel en EEUU: la historia de César Mejía

El activista César Ramón Mejía tuvo que huir de Hondura en 2018 debido a la violencia, el desempleo y la discriminación contra las personas LGBTI. Cuando llegó a la frontera con Estados Unidos, lo deportaron y lo condenaron a no regresar a tierra estadounidense en los próximos veinte años. Su delito fue salir forzosamente de su país debido a la violencia, el desempleo y la discriminación contra los grupos LGBTI a los que pertenece.

 “Ahora estoy en San Pedro Sula y posiblemente más tarde amanezca muerto. A muchos chicos y chicas los matan porque andan personas homofóbicas que dicen ‘un culero menos en la calle’”, dice César, de 26 años.

“Derrotado, sin dinero, sin haber logrado nada”. Así se siente César, luego de los dos intentos fallidos de migrar a Estados Unidos y en medio de la pandemia de coronavirus. Vive con la angustia de no saber de dónde le va a caer el siguiente plato de comida o la siguiente bala. Presentes conversó con él para contar su historia.

Del sueño americano a la cárcel   

A finales de 2018, César estaba en la frontera entre México y Estados Unidos cuando decidió entregarse a las autoridades para ver si conseguía asilo en EEUU. Había hecho el viaje de rigor de todo hondureño en busca del “sueño americano”, expresión que ha popularizado la prensa del país.

Se había unido meses antes a la primera caravana de migrantes que partió desde el norte de Honduras, atravesó Guatemala y llegó a México. La caravana estaba formada por un grupo variopinto de las clases sociales hondureñas menos favorecidas. Viajaban ancianos, niñes, mujeres y hombres cis, personas trans. Incluso niñes de pecho que sus madres llevaban cargados en sábanas amarradas a los hombros.

En México, César, apodado “El “auténtico”, se refugió junto con otros indocumentados de varias nacionalidades en una residencial del centro de la capital. Allí apareció en varios medios de comunicación, en defensa de los indocumentados. En YouTube puede verse al menos un corto documental en el que aparece en Ciudad de México, acompañado por un reportero del medio Vice.

Pedir asilo

El 23 de diciembre de 2018 decidió entregarse a las autoridades de Estados Unidos “porque pensaba que es un país de leyes y de cosas justas, no como el país de donde vengo”,  según contó a Presentes. Tenía esperanzas de conseguir asilo.

Los funcionarios estadounidenses comenzaron a interrogarlo ferozmente. Querían conocer su relación con los líderes de la caravana, aunque solo podían culparlo de haber apoyado a los demás migrantes ayudándoles a obtener alimentos y denunciando maltratos y discriminación.

Allí también lo culparon de trata de personas. “Yo no tenía nada que ver con los líderes de la caravana. Yo iba solo, pero en el camino uno toma como familia a la gente que va con uno. Los cipotes me miraban como alguien que ayudaba a resolver cosas. Nadie puede hablar mal de mí, a nadie prostituí ni mandé a prostituirse”, cuenta a Presentes.

Primer encierro

El 28 de diciembre de 2018, el Departamento de Migración le hizo una mala pasada y lo encerró en una cárcel de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos. De ahí lo trasladó, el 15 de enero de 2019, a la correccional del condado de Tallahatchie, Mississippi, en el sur del país, donde pasó tras las rejas la mayor parte de ese año.

Enrejado en Tallahatchie, estuvo a punto de perder la razón por la angustia: “No sabía cuándo era de noche o de día. Perdí la noción del tiempo por el encierro”, relata.

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Recuerda el día en que le dieron un “alegrón de pobre”. “Me mandaron la confirmación del ‘parole’, de que podía llevar mi caso afuera. Sentí alegría, dije ‘aquí voy a empezar de cero’, a olvidar todo, a sacar adelante a mi mamá, a mi familia”.

Pero tres días después volvieron a engañarlo, según el relato de César. Su peregrinaje de cárcel en cárcel continuó cuando, veinte días después, de la correccional de Tallahatchie lo mandaron para Louisiana. “Aquí vas a ver un juez que va a decidir si te vas para tu país o te quedas aquí”, le dio la bienvenida un oficial estadounidense.

Tratos políticos y viajes de locos

 “El juez estadounidense le decía a todo hondureño que llegaba a la corte: ‘Tu país es seguro. Tenemos un convenio con él. Le dimos millones de dólares para que haya más desarrollo y puedas estar bien allá, así que te vas de vuelta’”, cuenta César. El juez ni volteó a ver su expediente.

Eso pasó en agosto de 2019. Lo que no sabía César es que le faltaban al menos cuatro meses de cárcel antes de que lo deportaran en noviembre de ese año. “En la cárcel tuve que pelear por la comida, aguantando que me preguntaran si no había una cárcel para maricas. Me sentí peor que nunca”.

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La depresión lo destrozó. Además de medicinas contra la taquicardia, tomó antidepresivos. “Varias veces me tocó ir a celda de castigo por defenderme”.

Después de meses, sus abogadas le dijeron que por un error técnico de la justicia podían lograr una apelación. Parecía una buena noticia. El problema era que tenía que quedarse en prisión otros seis meses.

“Al menos voy a ver de vuelta a mi mamá”

César firmó su autodeportación. “Mejor que me maten en Honduras, pero por lo menos voy a ver de vuelta a mi mamá”. Pero no solo lo deportaron.  También lo convirtieron en un paria. Le prohibieron acercarse a Estados Unidos durante los próximos veinte años. Las autoridades hondureñas lo ficharon como a un delincuente peligroso a quien le sale mil veces mejor quedarse calladito. Cualquier “brinco” contra las instituciones hondureñas puede traerle graves problemas. “¿Cómo mata el gobierno de Honduras”, se pregunta César. Y se contesta a sí mismo: “Institucionalmente”.

El 19 de noviembre de 2019, Migración puso en un avión a César y lo envió de vuelta a Honduras. Al menos esa fue la intención. Pero el vuelo iba a Jamaica.

En el avión que aterrizó en el aeropuerto de Kingston, capital jamaiquina, llevaban a César “encadenado de manos, cintura y pies, como si fuera el Chapo”, cuenta, refiriéndose al famoso narco mexicano Joaquín Guzmán. “Pueden dejarme acá. Por mí no hay problema”, les pidió a los oficiales de Migración cuando descubrieron el error que habían cometido.

Segundo intento en medio del coronavirus

Le dieron el trato de un diplomático de altura. Estados Unidos mandó a Kingston un avión cargado de hondureños para traer a César ese mismo día a San Pedro Sula. Fue el único que abordó el avión. Al menos se dio el lujo de pasar cuatro horas en Jamaica.

Sin trabajo, sin casa, sin un centavo en la bolsa, César llegó a su ciudad natal solo con la ropa que traía puesta. “Un montón de deportados se quedaron durmiendo en la terminal” sampedrana, esperando el amanecer para subirse a un bus con un boleto que les regalaron, relata César. De pura casualidad se topó en el centro de la ciudad con una amiga que le dio cien lempiras. “‘Tené para que vayas a ver a tu mamá’, me dijo. Entonces me fui adonde mi mami. Le caí de sorpresa”.

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Al cabo le dieron igual los veinte años de prohibición. Dos meses después de haber regresado, desesperado por la falta de trabajo, César se unió a una pequeña caravana que partió de San Pedro Sula en enero de 2020. Un mes antes, las noticias habían empezado a hablar de un nuevo virus aparecido en Wuhan, China.

La segunda aventura de César terminó en Tabasco, México, cuando la pandemia de coronavirus iba cerrándolo todo. Allá, César dio vuelta en redondo y regresó a Honduras.

“Quiero irme de aquí, pero Estados Unidos ya no es una opción. Si regreso, ya no son ocho meses o un año de cárcel. No sé qué hice mal. No tengo antecedentes penales. Solo me han quedado estos papeles para leerlos”, dice con la voz quebrada, señalando el hatajo de documentos que carga en su mochila y que respaldan su historia de encierro en la tierra del “sueño americano”.

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Honduras| A Grey, trans hondureña, la atacaron con un machete: su foto da la vuelta al mundo

Grey Anahí Ríos, una mujer trans de 34 años, estaba en un bar de su pueblo en San José de Comayagua, zona central de Honduras, cuando la atacaron a machetazos, el 6 de septiembre. La foto de Grey ensangrentada, sentada en una banca de madera tras el ataque de Jesús Tábora Muñoz, se viralizó en las redes sociales cuando el influencer hondureño Óscar Ramírez la compartió en Twitter, Facebook e Instagram con el mensaje “¡Los derechos trans también son derechos humanos!”. También lamentaba que las autoridades no auxiliaran a Grey después del ataque. 

Grey, quien se dedica a hacer trabajos domésticos en Comayagua, le contó a Presentes que ese día acababa de salir de una de las casas en las que labora y sintió sed. “Fui a buscar un refresco en un local donde también venden bebidas alcohólicas”, relató Grey. En el lugar, dijo, estaba Jesús Tábora Muñoz, hijo de la propietaria del bar. 

Según el relato de Grey, al verla dentro del negocio, Tábora le dijo: “Te voy a matar”. Grey no salió del bar, por lo cual el agresor procedió a cumplir su amenaza tomando un machete, –instrumento de labranza usado por los campesinos hondureños–, se acercó a Grey y le dio un machetazo en la muñeca izquierda, causándole una profunda herida que requirió la aplicación de diez puntos de sutura. 

“Salí sin decir nada para ver si alguien me ayudaba”, contó Grey en entrevista para Presentes. “Fui a sentarme en una banca de un punto de buses. La gente que estaba ahí me ayudó”.

Una de las personas que estaban en la estación de autobuses tomó la foto que se ha vuelto viral en las redes sociales. En la imagen se ve a Grey sentada mientras se aprieta la muñeca izquierda con la otra mano en un intento de detener el chorro de sangre que le cubre la ropa y las piernas y que ha manchado el suelo. “Unas mujeres me apretaron el brazo para parar la sangre”, relató Grey. Luego la llevaron a un centro médico cercano para atenderla.

Una vida de discriminación

El odio y la discriminación hacia Gray no terminaron con el ataque. Siguieron cuando radicó la denuncia en el juzgado de paz de San José de Comayagua, donde dice nadie le hizo caso. “Me sentí discriminada porque muchos de los que tomaron la denuncia no me tomaron en cuenta. Sentí que yo no era una persona, que no había derechos humanos para mí”, se lamenta. 

El 16 de septiembre, Grey y su abogada llegaron a los juzgados comayagüenses para tener una audiencia con el agresor Jesús Tábora. Ambas exigen una orden de alejamiento contra al atacante, así como el pago de los costos médicos derivados de la herida. “También pedimos que no siga el hostigamiento físico y psicológico que él ha tenido contra mí”, dijo Grey.

Además de la angustia y el dolor físico, Grey tiene que enfrentarse al desempleo, ya que la convalecencia por la herida le impide trabajar. “Tengo derecho a un empleo y no sé si después de esto estaré incapacitada durante varios meses”, dijo Grey. 

No es la primera vez que sufre el desprecio de la pequeña comunidad rural en la que vive. Inició su transición a los 11 años y casi toda su vida, dice, ha sufrido humillaciones y abusos. “Pero soy lo que soy y me siento orgullosa de ser quien soy”, agrega. 

El ataque contra Grey es uno entre muchos en Honduras. En 2020, el Observatorio de Muertes Violentas de LGTBI de Cattrachas, registra 16 muertes violentas de personas de la diversidad sexual. Siete de estas han sido transexuales. 

Las redes con Grey 

Desde que la foto de Grey desangrándose se hizo viral en redes sociales, muchas personas comenzaron a hacer una campaña de GoFundMe para ayudarla. Su historia se hizo viral en Escándala de México y Estados Unidos. La modelo mexicana Victoria Volkova se manifestó sobre el caso de Grey luego de que el ilustrador y activista LGBTI Óscar Ramírez, conmovido por la fotografía, hiciera un dibujo en el que aparece Grey herida. También se le unió otra artista visual, Karla Funes. 

Ilustración: @Kart.hn (Karla Funes)

“Me tomé esto muy personal y quise darle más visibilidad porque realmente es triste mirar estas situaciones”, dijo Ramírez para Presentes. “Escribí en español y en inglés porque muchas veces no nos escuchan los medios y periodistas locales”. 

Ilustración: Oscar Ramírez

Erick Montalván, activista y artista de Safe Space y uno de los promotores para la recaudación de fondos, expresó que es muy complicado lo que les pasa a las personas LGBTI en el interior de Honduras, “para mí, este caso es muy fuerte, su imagen me conmovió y decidimos unirnos varias organizaciones como Honduras Diversa, Iguales, The Color Project y AFET para ofrecerle ayuda a Grey”. Dicen que no de los próximos pasos que darán es ofrecerle ayuda económica inmediata para que su vida no vuelva a correr peligro. 

Fuente: Agencia Presentes, Diario El Diverso.

#Honduras| El documental que cuenta cómo es ser una persona LGBTI+ en Honduras

El tímido rostro de Sasha Rodríguez emerge en la pantalla para contar que todos los días agradece amanecer con vida en la costeña ciudad de La Ceiba, unos 394 kilómetros al noreste de la capital de Honduras, uno de los países con los índices de violencia más altos en el mundo. Su testimonio forma parte “Qué es ser LGBTI en Honduras”, documental de la periodista y cineasta Dunia Orellana, presentado recientemente por la organización no gubernamental Medicusmundi Bizkaia del País Vasco. El trabajo que puede verse online documenta algunas de las agresiones, ataques y otras violencias que sufre la población LGBTI en la nación centroamericana. 

“No tengo miedo, yo creo que todas esas cosas me han hecho fuerte. Cuando alguien te quiere hacer algo, va y te lo hace. Te mandan a decir cosas con notas falsas, pero hemos aprendido en este país que cuando te quieren matar, van y te matan”, dice Sasha ante la cámara. En el audiovisual, los testimonios de Carlos Cálix, Gaspar Sánchez y Ángeles Maradiaga -integrantes de colectivos gays, transexuales y lésbicos en La Esperanza, La Ceiba, San Pedro Sula, Choloma y Tegucigalpa- cuentan vivencias de la discriminación y las violencias en el área laboral, social, educativa y de salud. “Es un país donde los derechos humanos de las personas en general, y en especial los de la diversidad sexual, son prácticamente nulos. Hay una fuerte mayoría de la población que prefiere mejor ignorarlo y callarlo”, dijo a Presentes Dunia Orellana, directora del documental. 

Gaspar Sánchez

El documental se grabó en 2019, en un trabajo de tres meses, con filmaciones en la costa norte y el centro de Honduras, con la participación de expertos en salud, justicia y derechos humanos. Sus testimonios dan cuenta de la “desigualdad, la pobreza y discriminación de las que son víctimas los grupos de la diversidad sexual en Honduras”, expresó Medicusmundi Bizkaia en un comunicado.

La lucha por la ley de identidad de género

Una de las historias que aborda el documental es la de Carlos Cálix, activista y varón trans. Carlos vive con su familia, integrada por su pareja y su bebé, en la ciudad industrial de San Pedro Sula. “Ahora mi lucha no es solamente por la comunidad trans o comunidad lésbico-gay. Ahora tengo que empezar un trabajo por las familias diversas que es un tema que ya entra en mí y luchar por la ley de identidad de género, porque yo no puedo darle mi apellido a la bebé”, dice Carlos mientras muestra un vestido color rosa de su hija.

Carlos Cálix

Honduras no cuenta con una ley de identidad de género que permita el cambio registral en los documentos oficiales, ni con mecanismos que brinden seguridad social y jurídica a las personas trans. 

“Quiero que cambie la vida de las personas, en especial de las y los protagonistas. Fueron muy valientes al contar su vida y exponerla públicamente, porque muchos de ellos nunca habían salido frente a una cámara”- dijo la directora-. “La población LGBTI es una las tantas poblaciones de este país a la que siguen violándose sus derechos humanos”. 

Honduras, Guatemala y El Salvador conforman la región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica. En estos tres países asesinaron al menos a 67 personas LGBTI+ en 2019. De estos crímenes, 34 fueron cometidos en Honduras.

De acuerdo al Observatorio de Muertes Violentas de la Comunidad LGBTI en Honduras, de la Red Lésbica Cattrachas, en los últimos diez años se cometieron 317 crímenes por odio en Honduras. De todos ellos, el 92 por ciento quedaron en la impunidad: 100 de las víctimas eran personas trans, 180 hombres gay y 37 lesbianas que no obtuvieron justicia.

Fuente: Presentes, Diario El Diverso.

#Honduras| Preocupa la situación de personas LGBT+

Lo que viven las personas LGBT+ en Honduras se ha vuelto cada vez más alarmante, y la ola de violencia no ha parado de crecer.

Desde 2009 hasta este año, se ha reportado que al menos 325 personas LGBT+ han sido asesinadas en Honduras. Pero aunque incluso ya la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUDH) ha condenado la violencia hacia personas LGBT+, los crímenes de odio siguen en aumento.

Además de la OACNUDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación al respecto. Lsugirió lo siguiente al respecto:

«Urge a las autoridades investigar, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos de violencia. y tomar en cuenta la posibilidad de que hayan sido motivados por prejuicios basados en la orientación sexual, expresión/identidad de género o características sexuales».

En 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) también expresó su preocupación sobre la situación de las personas LGBT+ en Honduras y todo el Triángulo del Norte de Centroamérica. Se le conoce así a la región integrada por El Salvador, Honduras y Guatemala. Los tres países son considerados de alto riesgo para las personas LGBT+.

Crímenes de odio en 2019

En lo que va del año, se han reportado por lo menos 21 asesinatos de personas LGBT+ en Honduras. La mayoría de estos crímenes son realizados en las calles, pero otros lo han sido en la vivienda de las víctimas e incluso en los lugares de trabajo. Las muestras de violencia características de estos crímenes son estrangulamiento, encostalamiento, degollamiento, apuñalamiento y hasta calcinación.

Los tipos de violencia más frecuentes en Honduras

Pero los asesinatos no son el único ejemplo de violencia que vive la comunidad LGBT+ en Honduras. Entre las violaciones más frecuentes a los derechos humanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH) reporta:

  • violación del derecho a la vida.
  • discriminación en el seno familiar, el campo laboral, el sector salud, la educación, los servicios públicos, la política, la educación y otras esferas sociales
  • violaciones sexuales
  • detenciones ilegales
  • hostigamiento
  • robo
  • amenazas de muerte.

Ante esta situación, el sistema de las Naciones Unidas ha externado su apoyo a Honduras para crear medidas de protección a la comunidad LGBT+. Sin embargo, la postura de dicho gobierno sigue siendo violenta y represora con esta población. Prueba de ello es que el matrimonio igualitario ha estado prohibido en el país desde 2005.

Esperamos que pronto la administración en Honduras haga caso a las sugerencias de todos los organismos internacionales y garanticen los derechos humanos.

¿Tú qué opinas al respecto?

Fuente: Soy Homosensual, Diario El Diverso

#Honduras| Arrebatan vida a joven LGBT de 21 años a pedradas

El fin de semana arrebataron la vida a un joven a pedradas en su propia comunidad. Un hecho de odio más que se registra en el Mes del Orgullo LGBT+.

La violencia contra miembros de la comunidad LGBT+ sigue imparable. El pasado sábado 8 de junio, Jhony Alexander Gutiérrez Sabillón, de 21 años, salió de su casa (ubicada en Choloma, Honduras) con algunos amigos, sin mencionar el lugar a donde se dirigían. Sin embargo, no regresó a su hogar, por lo que sus familiares empezaron a buscarlo.

Desafortunadamente, vecinos notificaron a la familia que habían encontrado el cuerpo de Jhony en una zanja. Aparentemente, sujetos habrían apedreado al joven gay, pues presentaba heridas en el cuerpo. Autoridades policiales llegaron al lugar de los hechos y cercaron la zona. Medicina Forense de Honduras llegó para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al servicio forense.

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Según las primeras investigaciones, luego de de que arrebataron la vida al joven, los sujetos arrastraron el cuerpo aproximadamente diez metros y lo arrojaron a una cuneta (zanja localizada a los costados de la carretera), y finalmente huyeron. De acuerdo con los familiares, Jhony pertenecía a la banda de guerra de su escuela y era abiertamente gay. Por lo que todo podría apuntar a un crimen de odio.

Se cree que el asesinato pudo ser por homofobia. / Foto: La Prensa

El hecho se suma a una larga lista de agresiones que se han registrado en los primeros once días de junio, el Mes del Orgullo LGBT+. Estas van desde agresiones físicas, secuestros hasta vidas terminadas.

Fuente: Soy Homosensual, Diario El Diverso