Detrás de cada cifra del Observatorio Runa Sipiy hay una llamada telefónica difícil, semanas de verificación y una decisión sobre qué no se publica.

Cada final de año aparece un número en los titulares. Treinta. Y el número circula unos días, genera declaraciones, y después se va.

Casi nadie pregunta de dónde salió. Es una pregunta legítima y vale la pena contestarla, porque en Ecuador ese número no lo produce ninguna institución del Estado. Ni la Policía Nacional, ni la Fiscalía, ni el INEC llevan un registro diferenciado de asesinatos de personas LGBTIQ+. El único registro nacional que existe lo hace la sociedad civil, desde 2013, con recursos mínimos.

Este es el proceso que hay detrás de cada unidad de esa cifra.

Cómo aparece un caso

Rara vez llega por un canal formal. Casi nunca hay un parte policial que diga lo que hay que decir.

Llega por una nota breve en un diario provincial, de esas de tres párrafos, donde se menciona el hallazgo de un cuerpo y se usa un nombre que no es el nombre. Llega por un mensaje de una compañera en un cantón lejano que escribe «creo que es una de nosotras». Llega por una publicación en redes sociales que alguien alcanza a ver antes de que la bajen. Llega por una familia que llama porque no sabe a quién más llamar.

La mayoría de las veces el primer indicio es una discordancia: la prensa reporta un hombre con un nombre masculino, y en la fotografía o en el relato hay algo que no encaja con esa descripción. Ese desajuste —que en el fondo es el último acto de negación de una identidad— suele ser lo que enciende la alerta.

La parte que nadie ve

Un indicio no es un caso. Entre las dos cosas hay un trabajo que puede tomar días o semanas.

Hay que confirmar la identidad de género de la persona, y eso significa hablar con alguien que la conociera: una amiga, una vecina, a veces una madre. Hay que establecer las circunstancias, contrastar la versión de prensa con lo que dicen quienes estaban cerca, verificar si se abrió una investigación y en qué estado quedó. Hay que fijar la provincia, el cantón, la fecha.

Es un trabajo que se hace en gran medida por teléfono, y que consiste en llamar a personas en el peor momento de su vida para pedirles precisión sobre cómo murió alguien que querían. No hay manera elegante de describir eso.

A veces la familia colabora. A veces la familia es parte del problema y niega la identidad de la persona incluso después de muerta. A veces nadie contesta, porque nadie quedó.

Lo que no entra en la cifra

Aquí está la decisión más difícil, y es la que da valor a todo el registro.

Un caso que no se puede verificar no se cuenta. Aunque se sospeche. Aunque todo indique que sí. Aunque no contarlo signifique que esa persona quede fuera del único lugar donde su muerte iba a quedar registrada.

En el reporte de mayo de este año, por ejemplo, había casos que permanecían en verificación y que no se divulgaron junto con el resto. Esa disciplina cuesta —cuesta emocionalmente y cuesta en visibilidad— pero es la razón por la que trece años después estas cifras se citan sin que nadie las haya podido desmontar.

Un registro que infla números para impactar se destruye a sí mismo en el primer contraste serio. Y este registro no puede darse ese lujo, porque es el único que existe.

Lo que se guarda

Hay otra regla, menos comentada.

El Observatorio no divulga registros individuales. Hacia afuera se comparten datos agregados: totales, distribución por provincia, patrones, edades, condición laboral. Los expedientes personales no salen.

La razón es que las familias que colaboran lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, y a veces con miedo. En muchos casos la persona asesinada tenía una vida que su entorno no conocía, o una identidad que parte de su familia todavía no acepta. Exponer eso para reforzar un titular sería usar a la víctima dos veces.

La cifra agregada dice lo que hay que decir. El resto queda donde debe quedar.

Adónde va todo esto

El propósito original era simple: entregar el informe al Estado ecuatoriano y que el Estado actuara. Trece informes anuales después, esa parte no ha ocurrido. El transfemicidio sigue sin estar tipificado en el Código Orgánico Integral Penal y sigue sin existir un registro oficial.

Pero el trabajo tomó otro camino, no previsto.

Estos datos aparecen hoy en informes alternativos ante órganos de tratado de Naciones Unidas. Aparecen en peticiones ante el Sistema Interamericano. Y aparecen —esto es lo más inesperado— en expedientes de tribunales de inmigración en Estados Unidos, donde se decide si una persona ecuatoriana puede quedarse a salvo.

Un dato verificado en una llamada telefónica desde Guayaquil, con una amiga que confirma un nombre, termina años después sustentando una decisión judicial a miles de kilómetros. Es una cadena improbable y funciona únicamente si el primer eslabón fue riguroso.

Por qué se sigue haciendo

Documentar no salva a nadie de manera directa. Ninguna de las ciento sesenta y nueve mujeres trans registradas entre 2010 y 2025 sigue viva porque alguien anotó su caso.

Lo que hace la documentación es impedir que la muerte quede sin ocurrir del todo. En un país donde ninguna institución cuenta a estas personas, el registro es lo único que separa un asesinato de una desaparición estadística completa.

Cada nombre verificado es una constancia de que alguien estuvo aquí, de que su muerte tuvo circunstancias identificables, y de que existió información suficiente para actuar en el momento en que alguien decida hacerlo.

Esa constancia es, por ahora, lo que hay. Y se construye de a una llamada por vez.

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El Observatorio Runa Sipiy es una iniciativa de la Asociación Silueta X y documenta muertes violentas de personas LGBTIQ+ en Ecuador con cobertura nacional desde 2013.

Análisis del uso de estos datos en procedimientos de protección internacional:
Reubicación interna en Ecuador: por qué no es una opción real para las personas LGBTIQ+

Informes en info@siluetax.org con copia a siluetax@gmail.com