#España|La nueva y esperanzadora vida de tres refugiados LGTBIQ+ en España

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La persecución a este colectivo ha traspasado las puertas de Europa. Lo que ocurre en Rusia o Bielorrusia ha comenzado a tomar forma en Hungría o Polonia. En una tercera parte de los Estados de la ONU se pena la homosexualidad, en otros 43 la protección es inexistente y en seis se aplica la pena de muerte. Las solicitudes de asilo crecen. Una rusa, un salvadoreño y una venezolana que huyeron y ahora viven en Barcelona, Madrid y Jaén lo atestiguan.

No huyen por ser lesbianas –o gais, o por expresar cualquier otra orientación sexual o identidad de género-, sino porque en sus países de origen existen leyes, políticas y comportamientos fóbicos en contra de las personas LGTBIQ+. La tercera parte de los Estados miembros de la ONU criminaliza los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo, según el último informe sobre Homofobia de Estado de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). La tercera parte son 69.

En esa huida, estas personas se apoyan en organizaciones internacionales como Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, o en otras entidades de ámbito local o nacional como Kif Kif, que les brindan el asesoramiento más arduo (el legal) y el apoyo más cálido (asistencia psicosocial y una red en la que sentirse acompañados: la nueva familia). De su mano inician los trámites para solicitar protección internacional. Y si la resolución es favorable, obtienen el estatus de refugiado. Luego vendrá la nacionalidad porque lo que no viene es la vuelta a sus países, lugares donde no hay una guerra temporal, sino un ataque que no tiene fin.

Cómo se protege o criminaliza a las personas por su orientación sexual en el mundo.

Ataque porque en muchos países, sin estar perseguidos, las personas LGTBIQ+ no están protegidas —en 43 no tiene protección, según la ILGA—, y eso las convierte de facto en amenazadas. Como en Rusia, de donde procede Kate (no se aporta el nombre completo por seguridad), un Estado calificado por la ILGA como que ni criminaliza ni protege. Kate nació en Moscú, tiene 33 años y es lesbiana. Abandonó la capital rusa hace cuatro años y se instaló en Sitges (Barcelona), donde trabaja en la realización de contenido audiovisual. “En el colegio nos contaban que la homosexualidad era una enfermedad mental”, recuerda. Rusia aprobó en junio de 2013 una ley que prohibía hablar sobre homosexualidad, un asidero legal para que los homófobos redoblaran su homofobia. “Se formaron grupos en redes sociales para incitar a la gente a que cazara gais y lesbianas”, asegura. “La única opción que me quedaba era abandonar Rusia”, cuenta por escrito esta mujer en un correo electrónico para asegurarse de que se expresa adecuadamente en español.

Por teléfono relata su historia Luis, de 29 años, nacido en El Salvador, un Estado centroamericano de 6,5 millones de habitantes que según la ILGA ofrece protección limitada/dispar. Una protección insuficiente para librarle de amenazas por ser gay o de un atraco a su domicilio en Santa Tecla, una ciudad residencial a las afueras de San Salvador (la capital), lo que se conoce como la Paracentral. El hostigamiento durante un año en forma de daños en su coche –rayones, pinchazos en las ruedas–, mensajes al móvil y notas por debajo de la puerta se tradujo en ataques de ansiedad y en una depresión. El asalto a su casa era una maniobra más de acoso, pues no se llevaron nada de valor. “La policía solo lo tomó como un intento de robo. No levantaron huellas y omitieron en la denuncia las causas que lo motivaron: mi orientación sexual”, recuerda. “Iban a investigar el suceso, pero nunca más se supo nada”.

—¿Quiénes podían ser?

—Podían ser los vecinos, el vigilante de seguridad de la residencial… Podía ser cualquiera en realidad. Hasta la fecha no sabemos nada.

En otra ocasión un coche le persiguió en la autovía con intención de sacarle de la calzada. El banco para el que trabajaba en San Salvador le cambió de sucursal tres veces para prevenir el acoso. Pero seguía vigilado. “Al final decido irme de manera drástica. No sabía ni a dónde ni cuándo. Fue muy abrupto”, afirma. “Me senté con mi mejor amigo y con mi prima, de las únicas familiares que me apoyan, y me puse a buscar ciudades gay-friendly”, añade. En esa lista aparecía Madrid, donde aterrizó en junio de 2019 para comprobar si lo que había leído se parecía a la realidad. No se ha vuelto a ir y desde octubre de 2020 trabaja como administrativo en Kif Kif, una entidad que brinda apoyo desde hace 18 años a la comunidad LGTBIQ+ de extranjeros que buscan refugio en España. Como tampoco se ha marchado Kate de Sitges, donde vive con Ángela, su novia, también rusa. Ambas protagonizaron una campaña de sensibilización del Ayuntamiento de Barcelona. Aparecen en marquesinas y en los pasillos del metro juntas.

El trabajo de las organizaciones

Desde que los desplazados por su orientación sexual como Luis y Kate aterrizan en España hasta que se asientan, encuentran trabajo y en última instancia consiguen –si la consiguen– la protección del Estado, pasa tiempo y pasan muchas dificultades. Aquí es donde el trabajo de las organizaciones internacionales y las entidades locales resulta vital. Juan Carlos Arnaiz, coordinador de Protección Legal en la oficina de Acnur en España, señala otras cuestiones en las que brindan apoyo más allá del procedimiento de solicitud de asilo. “Muchas personas arrastran experiencias traumáticas, llegan con el rechazo interiorizado, con vergüenza y miedo”, afirma. Se encuentran muchas barreras culturales o educacionales. “Algunos solicitantes a veces temen expresar su orientación sexual o su identidad de género. Debemos crear espacios seguros para que se expresen libremente y formar redes”. Esos espacios seguros deberían ser los lugares donde se hospedan en el primer estadio tras su llegada o las comisarías donde realizan las entrevistas y explican la situación que les ha traído a España.

Luis formalizó la solicitud a las dos semanas de llegar a España, justo cuando se celebraba el Pride, como él dice, en el verano de 2019. Un año más tarde se resolvió como favorable, lo que implica que el Estado le brinda protección internacional. Gracias a la ayuda de una abogada de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y de una trabajadora social de Kif Kif, Luis redactó un escrito de ocho páginas donde demostraba cómo había influido su orientación sexual en el colegio, en el trabajo… en su vida. Desde la incomprensión de su madre (“por la educación recibida, por los modelos que tuvo, no comprende la homosexualidad”, afirma) hasta la persecución que sufrió antes de viajar a España.

César Delgado, director de proyectos de Kif Kif, asegura que el proceso de revivir situaciones del pasado ante las autoridades remueve por dentro a los solicitantes. “Nos damos cuenta de que psicológicamente no están preparados para describir la vida que han dejado atrás y recordar el peligro al que estuvieron expuestos”, afirma este trabajador social, que reconoce que algunas de las 2.000 atenciones que realizan al año se llevan a cabo desde esos países de los que piensan huir. “Tratan de informarse antes de venir. Quieren saber si van a gozar de protección”, afirma.

Un país protector

“España tiene buenas prácticas. A muchos solicitantes LGTBIQ+ se les brinda protección”, afirma Arnaiz. “Sin embargo hay retos y cuestiones que mejorar”, añade este asesor legal. Estas cuestiones se observan en todo el proceso, desde el acceso hasta la integración. “El sistema está lidiando con un aumento importante de solicitudes de protección internacional en los últimos años y está saturado”, explica Arnaiz, que también se refiere a retos que van orientados a la calidad del procedimiento: “Que se eviten prejuicios y estereotipos en las entrevistas y en la valoración de los casos, que mejore la formación de los agentes de policía que realizan las primeras entrevistas, que los espacios sean seguros y exista confidencialidad y se fomente la confianza”, describe. “Que en el ámbito de la acogida no se les derive a lugares donde no tienen redes o no existen organizaciones LGTBIQ+”, añade. “Resulta fundamental que se escuche a los solicitantes de asilo, que se cuente con ellos a la hora de establecer protocolos y diseñar nuevas respuestas”, afirma.

Donde sin duda se les escucha y se les abriga y comprende es en las organizaciones como Acnur y en las entidades que representan y defienden al colectivo LGTBIQ+. Los refugiados están muy agradecidos, y cómo no lo van a estar si los amigos que hacen a través de estas asociaciones se convierten en su familia de facto. “Mis amigos han supuesto una reconstrucción de mi tejido social”, afirma Luis, licenciado en Administración de Empresas.

Kate, que alterna los vídeos publicitarios con un documental sobre un escultor de Sitges, destaca la asociación barcelonesa Acathi, donde hizo amistades, realizó un curso de español y encontró apoyo. Esta mujer amplió sus conocimientos audiovisuales con un curso de edición de vídeo en Barcelona. “Hasta que no llegué aquí no me sentí una persona normal. Estoy feliz por dedicarme en España a lo que amo”, afirma. “Pero al mismo tiempo siento miedo al pensar en las cosas que me pasaron en Rusia. Lamento la ignorancia de la policía y del Gobierno, que no hacen más que incentivar la homofobia”, añade para, ya a salvo, no olvidarse de lo que le pasó ni de lo que le está pasando a otras personas como ella.

Fuentes: El Pais , Diario El Diverso.

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