El viernes 10 de mayo, Perú incluyó el “transexualismo, el transvestismo de rol dual y el trastorno de la identidad de género en la niñez” como enfermedades mentales. Esto pese a que la OMS dejó de patologizar a las personas trans por su identidad sexual y de género en el 2022.
Dina Boluarte, presidenta de Perú, publicó un decreto oficial en el que definió al “transexualismo”, “transvestismo de rol dual” y “trastornos de la identidad de género” como enfermedades mentales, cuya intervención ya consta en la agenda del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS); un documento que detalla los procesimientos financiados en los centros de salud públicos y privados de Perú.
Según la especialista, Shely Cabrera, responsable de Incidencia del Programa de Sexualidad y Autonomía Física de la organización feminista Manuela Ramos, este establece cuáles enfermedades son o no son cubiertas por este seguro. Sin embargo, sostiene que la aprobación del mencionado documento representa una amenaza para los integrantes de la comunidad LGBTQIA+ en todo el Perú, y que medidas como estas dificultan el acceso al mercado laboral, a los servicios educativos, a los servicios de salud y otros derechos indispensables para la vida.
“Hay un decreto anterior, que es del 2021, que hace esta actualización del Plan de Aseguramiento de Salud y este, que es el 009-2024, lo modifica para agregar estas nuevas categorías, basadas en el CIE-10, que es un documento que data de 1992. El CIE es la clasificación internacional de enfermedades, es un sistema global de diagnóstico que está aprobado por la Asamblea Mundial de Salud (AMS); sin embargo, actualmente está vigente el CIE-11, del 2019 y que entró en vigencia en 2022. Este no patologiza, no considera trastorno o enfermedades de ningún tipo a las diversidades sexuales y de género”.
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Frente a esta disposición, la crítica y el rechazo de ciertos sectores no se hicieron esperar. Minsa se pronunció el sábado 11 de mayo para “ratificar su posición de que la diversidad de género y sexual no son enfermedades”; “expresar su respeto a las identidades de género, y descartar la estigmatización de la diversidad sexual en el país”; sin embargo, este comunicado también recibió reacciones negativas por parte de otros sectores de la ciudadanía.
Esta postura fue respaldada por un gran número de especialistas y organizaciones de derechos humanos. La asociación civil Más Igualdad Perú, 414 profesionales de la salud mental y 176 representantes de organizaciones LGBTQIA+ firmaron una carta enviada día lunes 13 de mayo a César Vásquez, al ministro de Salud, para reprobar la nueva «clasificación de la diversidad de género y sexual» como trastornos mentales, exhortaron al final la aplicación de CIE-11 a nivel nacional.
El lunes 13 de mayo, la congresista Flor Pablo Medina reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que había solicitado a la Presidencia y al Minsa la derogación del decreto supremo, al que tildó de “vergonzoso”. Infobae.com. Mencionó que el decreto supremo constituye un grave atropello a los derechos humanos, al propiciar que se reconozca como una patología la identidad sexual y de género. Esta medida obvia y contradice los estándares internacionales, sin mencionar que implica un retroceso de más de tres décadas en cuanto al desarrollo de las políticas públicas de igualdad y salud se refiere. Esto se traducirá, entre otras cosas, en el incremento de falta de oportunidades y de acceso a derechos elementales para la vida, así como en la acreditación las terapias de conversión y otros mecanismos de tortura.
“No podemos permitir que se retroceda, denigre y vulnere los derechos a la igualdad y no discriminación, así como el derecho a la salud y otros derechos de las personas LGBTI en el Perú”.
Flor Pablo Medina
De acuerdo con Shely Cabrera el decreto 009-2024 tiene implicaciones que se volcarán sobre la comunidad LGBTQIA+. Para la especialista, la derogación de esta normativa tendrá graves consecuencias en una de las poblaciones más vulnerables del país.

