¿Qué cambió?

El nuevo artículo 113.8 introduce una causal específica y exceptúa intervenciones médicas estrictamente necesarias en personas con condiciones intersexuales. El texto no define con precisión verbos y conceptos centrales como “promover” o el alcance de “procedimiento médico”.

Esa falta de delimitación es uno de los puntos que concentra el debate: una consecuencia tan intensa como privar la patria potestad exige determinar con claridad qué conducta se atribuye a cada progenitor y con qué evidencia.

La reforma no afecta únicamente a familias LGBTIQ+

Aunque el debate tiene un impacto evidente sobre niñas, niños y adolescentes trans o con diversidad de género, la causal puede aplicarse a cualquier progenitor. Una pareja heterosexual también puede quedar involucrada si uno o ambos integrantes realizan la conducta prevista por la norma.

Cuando solo uno interviene, la responsabilidad debe individualizarse. Si la privación alcanza a ambos progenitores o al único registrado, la reforma permite que el mismo fallo pueda declarar adoptabilidad cuando se cumplan las condiciones legales relacionadas con la inexistencia de familiares idóneos.

¿Por qué se habla de constitucionalidad?

En un análisis publicado por la abogada y psicóloga Diane Rodríguez se identifican posibles conflictos con igualdad y no discriminación, seguridad jurídica, proporcionalidad, salud integral, identidad, convivencia familiar, privacidad, participación del menor y debido proceso.

El punto no es negar la obligación estatal de proteger a la niñez, sino discutir si la medida más severa puede aplicarse sin exigir expresamente daño grave, concreto y probado.

El riesgo de convertir una disputa médica en una ruptura familiar

La norma podría ser invocada en divorcios, disputas de tenencia o conflictos entre familiares. Por eso, especialistas y defensas deberán prestar atención a la individualización de la conducta, la calidad de los informes, la escucha del menor y la existencia de medidas menos restrictivas.

El acompañamiento social —como nombre, vestimenta, expresión de género o apoyo familiar— no equivale por sí mismo a un procedimiento quirúrgico o farmacológico. La discusión jurídica estará en impedir que categorías distintas sean confundidas durante una denuncia o proceso.

¿Qué vías existen?

En un caso concreto pueden operar la defensa dentro del proceso, la apelación y, cuando corresponda, mecanismos constitucionales. Para cuestionar la ley de manera general, la vía principal es la acción pública de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

Otra controversia: adopción por personas solteras

La reforma también utiliza la expresión “personas sin pareja heterosexuales”. El análisis de Rodríguez sostiene que esta exclusión merece un examen independiente porque la orientación sexual de una persona soltera no equivale, por sí misma, a falta de idoneidad parental.

Información basada en la reforma de agosto de 2026 y en el análisis jurídico de Diane Rodríguez. Este artículo periodístico no sustituye asesoría legal individual.