Las organizaciones que abogan por la diversidad sexual están indignadas por una norma que adopta una antigua clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), calificando la transexualidad como un «trastorno mental». Jorge Apolaya, vocero del Colectivo Marcha del Orgullo Lima, expresó que este decreto representa un retroceso de más de tres décadas, recordando cuando la OMS dejó de clasificar la homosexualidad como una enfermedad. La protesta, que coincidió con el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, reunió a unos 200 manifestantes frente al Ministerio de Salud en Lima. Afirmaron que esta medida es violenta y estigmatizante, rechazando la idea de que la identidad de género sea considerada un problema de salud. Áfrika Nakamura, una comunicadora audiovisual de 25 años, destacó que la normativa los coloca como personas enfermas cuando en realidad la identidad de género es una manifestación de la diversidad. Los manifestantes bloquearon temporalmente una concurrida avenida cercana al ministerio, utilizando consignas como «¡No es enfermedad, es diversidad!» y «Somos trans y no somos enfermos, aquí está la resistencia trans», sin que se produjeran enfrentamientos con la policía.
«Maju Carrión, directora de la asociación TRANSformar, enfatizó la necesidad de derogar la norma porque estigmatiza a las identidades transgénero al clasificarlas bajo un diagnóstico patologizante», explicó.

Por otro lado, un portavoz del Ministerio de Salud defendió la permanencia del decreto, argumentando que su revocación podría limitar el acceso de los afiliados al sistema de salud, especialmente al privado, a servicios adicionales de salud mental.

«El decreto se mantendrá porque no podemos privar a las personas de su derecho a recibir atención médica», afirmó Carlos Alvarado, director de Aseguramiento e Intercambio Prestacional del ministerio, en declaraciones a la AFP.

Alvarado explicó que ha habido una interpretación equivocada del decreto y que la transexualidad no es un problema de salud mental, algo que el ministerio reconoce y ha especificado en varios documentos.

El decreto en cuestión actualiza el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS), que enumera los beneficios mínimos a los que tienen derecho los afiliados al sistema de salud. Aunque utiliza una clasificación antigua de la OMS, conocida como CIE-10, que alarmó a los grupos LGBTIQ+.

La OMS dejó de clasificar la transexualidad como un trastorno mental desde 2022.

El objetivo del gobierno, según Alvarado, es ampliar la atención en salud mental para incluir tratamientos ambulatorios, psiquiátricos y endocrinológicos relacionados con la identidad de género, que antes del decreto no estaban cubiertos por las aseguradoras privadas.

Alvarado mencionó que la transición al CIE-11 se hará lo más rápido posible, aunque no especificó si implicaría la emisión de un nuevo decreto más adelante.

Para los colectivos LGBTIQ+, mientras la norma siga vigente, sus miembros están expuestos a «graves consecuencias», como las terapias de conversión, que organismos de la ONU consideran equivalentes a tortura.

El Colectivo Marcha del Orgullo Lima recordó que las terapias reparativas incluían tratamientos extremos como electroshock y baños en hielo.

En Perú, el matrimonio y la unión civil entre personas del mismo sexo no están reconocidos, y las personas trans no pueden cambiar su identidad de género en sus documentos oficiales.

La patologización oficial de las personas LGBTIQ+ puede socavar los esfuerzos por mejorar la protección de sus derechos, advierte la organización.