Portugal ha dado un paso significativo en la protección de los derechos de la comunidad LGTB+ al promulgar un decreto que prohíbe las terapias de conversión forzadas. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha respaldado esta medida, que establece penas de hasta tres años de prisión o multas para aquellos que sometan a otros a estos tratamientos, incluyendo procedimientos médico-quirúrgicos, prácticas farmacológicas, psicoterapéuticas u otras de carácter psicológico.

Es destacable que imponer «modificaciones irreversibles» en el cuerpo puede llevar a una condena de hasta cinco años de cárcel. Además, las repercusiones no se limitan solo al ámbito penal, ya que los condenados pueden enfrentar restricciones en el ejercicio de ciertas profesiones y actividades que involucren el contacto con menores, con prohibiciones que podrían extenderse hasta 20 años.

La gravedad de los castigos se acentúa si los actos son perpetrados por dos o más personas, si la víctima es menor de edad o si se trata de individuos particularmente vulnerables. Esta legislación, aprobada por el Parlamento portugués con el respaldo de varios partidos, refleja un firme compromiso con la protección de los derechos humanos y la diversidad.

Es relevante mencionar que la medida incluye la realización de un estudio sobre el impacto de la aplicación de la ley, programado un año después de su entrada en vigor. Aunque recibió apoyo mayoritario, la oposición del Partido Social Demócrata y Chega indica divergencias en la percepción de estas prácticas y su abordaje legal en el país. En conjunto, esta legislación marca un hito importante en la lucha contra la discriminación y la defensa de la libertad y diversidad en Portugal.