María Clemente (Ciudad de México, 1985) llega con unos tacones y es altísima, morena, de risa fácil y con un tatuaje chiquito en cada rabillo del ojo —en uno, la luna, y en el otro, las estrellas— cuyo significado solo ella conoce. Esta licenciada en Administración de Negocios trabajaba hasta hace unos meses como conductora de Didi y ahora va a convertirse, junto a su compañera de Morena Salma Liévano, en la primera diputada transexual del Congreso mexicano el próximo 1 de septiembre. El camino hasta aquí ha sido espinoso, pero cree que el verdadero reto comienza ahora. Entre sus objetivos como legisladora, Clemente nombra modificar el artículo primero de la Constitución para hacerla más inclusiva o regular para garantizar los derechos laborales de los repartidores y conductores de aplicaciones.

Cumple 36 años el próximo 11 de octubre y María Clemente ya está por encima de la edad que se esperaba que viviera. La media de edad de las mujeres transexuales en México es de 35 años, frente a los 77 de la población total, según el informe Mujeres trans privadas de la libertad. La capitalina se sabe privilegiada: en un país letal para la población trans, ella se ha convertido en diputada federal. “Acabamos de romper un techo de cristal para la participación política de la comunidad trans”, dice segura. Hasta ahora solo una mujer transgénero, Rubí Araujo, había accedido a un cargo de elección popular en el país como concejal de Guanajuato en 2016. Este paso coloca a México, donde 43 personas transexuales fueron asesinadas en 2020, a la vanguardia de la región.

En las elecciones del pasado 6 de junio hubo alrededor de 40 candidaturas de personas trans, por lo que Clemente asegura que “es difícil asumirse representante de una población donde no existe un consenso hacia una visión política”. Pero apunta que tanto liderazgos del movimiento como compañeras de otros partidos han asumido su diputación “como una victoria”. “Es muy padre ser una voz de una población en un lugar tan importante como es el Congreso, donde se regula”, señala. Las prioridades ahora: “Atender a mis compañeras, impulsar una agenda a favor de la diversidad sexual y blindar desde la construcción de una estructura jurídica la integración de la población trans”.

El primer paso: revisar normas, códigos y leyes para buscar si hay conceptos discriminatorios. Ya han encontrado uno. “Nos gustaría reforma el artículo primero de la Constitución para que se suprima el concepto de preferencia sexual y se supla por ‘orientación sexual e identidad o expresión de género’, que son los que utiliza la convención internacional en materia de derechos humanos”, explica. Además, Clemente apunta a una defensa del Conapred (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México), para darle mayor eficacia y garantizar su presupuesto.

También, por su año y medio como conductora para aplicaciones, Clemente está concienciada con la protección de estos trabajadores. “Los conductores somos usuarios de la aplicación de la misma manera que el pasajero, entonces nuestra fuerza de trabajo no se traduce en derechos laborales porque la aplicación no se reconoce como patrón. Queremos impulsar iniciativas para defender sus derechos laborales”.

Fuente: El país, El Diverso