Este 7 de febrero 13 099 150 de personas están registradas para votar en las Elecciones Generales. De esas, menos del 1%, 1206 cambiaron de género en su cédula de identidad: son votantes trans. 

Desde 2016, el artículo 94 de la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles permite que, voluntariamente, alguien mayor de edad por autodeterminación pueda sustituir el campo sexo (hombre, mujer) por el de género: masculino o femenino. Ese año fue el que más cambios reportó el Registro Civil, con 371 en total. 2020 fue el que menos: 59 modificaciones. 

Más allá de lo que reflejan las cifras, se trata de la posibilidad de que una mujer u hombre trans pueda ejercer el derecho al voto en la fila que le corresponde, según cómo se autodefine; y que la ley, al mismo tiempo, blinde a esta población de más acoso, hostigamiento y discriminación. Pero no pasa.  

Para empezar, desde hace cinco años el trámite de género en la cédula no se aplica a escala nacional: únicamente en Quito, Guayaquil, Cuenca y Machala. Esto significa que son pocos (como expone la estadística) quienes asumirlo, además, tiene un costo de $15, según consta en la página del Registro Civil; aunque organizaciones denuncian que esta cifra puede alcanzar los $37 en algunas oficinas. “La mayoría de la población trans se dedica al trabajo artesanal o, incluso, sexual. No tiene dinero”, advierte Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Nacional LGBT.

Este proceso es determinante, porque es justamente esa información la que usa el Consejo Nacional Electoral (CNE) para determinar el lugar donde una persona sufraga. De hecho, en septiembre del año pasado las personas que habían hecho el procedimiento aparecían en las filas acorde a los datos que tenían antes. Es decir: transfemeninas, en el espacio de hombres; y transmasculinos, de mujeres. 

El 12 de septiembre, la función electoral publicó en redes sociales disculpas a la población trans y asumió el error. Ahora aparecen nuevamente donde, según la ley, deberían. 

¿Qué pasa más allá de la norma? “Hay el riesgo de que, al verme en una fila de mujeres, alguien de la junta receptora no me trate acorde a mi género. Dudo que haya un tratamiento protocolar por parte de quienes están en esos espacios”, reconoce la activista trans. Al consultar a la institución sobre la existencia de un “protocolo”, se especificó que “si ya cambiaron su género en la cédula, solo tienen que acercarse a la fila que corresponde el género elegido”. Si el trámite no se ha hecho, debe acercarse al sitio asignado para el sexo que consta en su documento. 

Fuente: Manifiesta, Diario El Diverso.