Esta ley tiene como objetivo asegurar que las personas transexuales vivan una vida libre de estigmatización, y para ello establece mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección, promoción y reparación.

La actualización del censo realizado por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en 2016, presentado en 2017, mostró que este colectivo suma unas 933 personas en este país sudamericano.

Entre otras cosas, el proyecto de ley habilita el pago una pensión para personas trans que fueron perseguidas en la última dictadura (1973-1985) y garantiza la práctica de tratamientos de hormonas e intervenciones quirúrgicas seguras en el sistema de salud pública, así como el cambio de nombre y el acceso a la salud, la educación, la cultura y al trabajo.

El texto fue aprobado en una comisión de la cámara alta el 10 de octubre con el apoyo del gobernante Frente Amplio (izquierda) y con cuestionamientos de la oposición.

El punto más polémico del proyecto es la habilitación a que menores de edad que no se identifiquen con su sexo biológico comiencen procesos de hormonización o se cambien de nombre sin la anuencia de sus padres o tutores.

El texto en debate este 16 de octubre sí exige la autorización de los responsables legales de los menores para una eventual intervención quirúrgica.

Cuando la vida dura 35 años

Las personas transexuales tienen en Uruguay una expectativa de vida promedio de 35 años.

Un cuarto de los menores trans son expulsados de su casa, el 75% abandonaron sus estudios debido al acoso de docentes y compañeros, y solo 23% cuentan con un trabajo formal, lo que condena a muchos a la prostitución, indica el censo.

Pini, psicóloga e integrante de Unión Trans, el colectivo encargado de la creación del proyecto, explicó que la principal causa de que la expectativa de vida de las personas trans sea tan baja está relacionada con la dificultad de acceso a derechos básicos.

La activista sostuvo que con la promoción de los derechos de salud de las personas transexuales se logrará aumentar su expectativa de vida.

Además, señaló, la ley busca dar un seguimiento de sus trayectorias educativas para que puedan acceder a un trabajo digno y no tener el trabajo sexual como único recurso.

Pini subrayó que esto «hace a la calidad de vida de las personas, y la calidad de vida y el promedio de vida están estrechamente relacionados».

En riesgo

Según el censo, solo 16% de las 853 personas transexuales uruguayas pasan los 50 años.

Daniel Márquez, médico referente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado para la atención a personas trans y especialista en medicina familiar y comunitaria en el Hospital Saint Bois de Montevideo, indicó que una causa de muerte en la población trans está relacionada con la inyección de productos tóxicos a los que acceden en el mercado clandestino para su hormonización.

«Este problema existe, ¿queremos que estén dentro del sistema de salud o que vayan al mercado clandestino? Abrir la puerta al mercado clandestino es la muerte», alertó el médico, en diálogo con Sputnik.

Márquez señaló que la autoeliminación ocupa entre el primer y el segundo lugar en las causas de muerte en personas trans, relacionada con no poder expresar su identidad de género producto del odio y la discriminación.

En cuanto a la polémica sobre las eventuales operaciones a menores, el experto señaló que en el Hospital Saint Bois «nunca se indicó una cirugía en un menor de 20 años».

Márquez también señaló que, en la mayoría de los casos, los menores trans son expulsados de sus hogares, lo que los empuja a vivir en situación de calle y a prostituirse, quedando en riesgo de ser excluidos del sistema educativo, de caer en el consumo problemático de sustancias e incluso de ser víctimas de la trata de personas.

«Creo que esta ley va a ser de avanzada y creo que vamos a ser noticia de portada por avanzar en derechos (…) Uruguay está siendo punta de lanza en este tema y va a impactar en la calidad de vida de las personas trans», opinó Márquez.

El experto comentó que, si bien Argentina cuenta con una ley de identidad de género, en la práctica todavía no ha tenido resultados contundentes, y señaló que el resto de los países de América Latina aún no han tenido avances legislativos respecto al tema.

En caso de ser aprobado el proyecto este 16 de octubre por el Senado, luego tendrá que ser debatido en la Cámara de Diputados.